03.04.11 - 00:37 - L. NOS CRUZADO | CASTELLÓN.
La actual crisis económica, que viene pasando factura desde hace más de tres años a miles de familias castellonenses, se ceba especialmente con los colectivos más vulnerables, como es el caso de los inmigrantes. Personas que llegaron a la provincia en busca de trabajo y un futuro más próspero que el que les aguardaba en sus localidades de origen y que, sin embargo, se encontraron con una difícil situación en la que el pez grande, si puede, se como al pequeño.
En los últimos meses, los vecinos de Castellón han sido testigos, a través de la prensa, de numerosas operaciones policiales en las que se han destapado auténticas tramas de explotación laboral. Una práctica totalmente ilícita que, en la mayor parte de los casos, tenía como víctimas precisamente a ciudadanos 'sin papeles', extranjeros cuyo sueño de prosperidad se ha visto truncado por la avaricia de quienes aprovechan los malos tiempos que corren para hacer su agosto.
Ante esta situación, sólo cabe confiar en el importante papel que desempeñan, día a día, los diferentes cuerpos de seguridad para prevenir y atajar estos abusos. Una labor que da sus frutos, y es que en lo que va de año, la Policía y la Guardia Civil han logrado detener a muchos de estos personajes incívicos que utilizan la desesperación de quienes no tienen ni siquiera para comer para sacar tajada.
Sin ir más lejos, la semana pasada efectivos de la Guardia Civil, conjuntamente con los Servicios de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Castellón, arrestaron en Benicarló a tres empresarios del sector agrario, a quienes se les imputaba un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
La operación, llevada a cabo en varias explotaciones agrícolas del norte de la provincia, se saldó con la identificación de hasta 53 personas empleadas en varias peonadas, lo que dio lugar a la apertura de 14 expedientes sancionadores por diversas infracciones en materia de seguridad social, movimientos migratorios y permisos de trabajo en materia de extranjería, todas ellas en directa aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
En concreto, dichas detenciones se llevaron a cabo en el marco de la denominada 'Operación Fruto', iniciada por la Benemérita el pasado mes de febrero al detectarse «discriminaciones» en el pago de los salarios de los jornaleros «en función de su situación legal en el país».
Al respecto, cabe destacar que las primeras investigaciones llevaron a los agentes a comprobar que en la zona había inmigrantes cuya retribución y regularidad en el percibo de sus salarios eran «totalmente arbitrarios y discriminatorios».
Así, y tras contactar con varios testigos, las pesquisas se centraron en las explotaciones agrícolas de los ahora detenidos J.F.L.B., de 43 años; A.G.B. de 35 y J.C.G.B., de 40 años, vecinos de Benicarló y Valencia.
Papeles a cambio de dinero
Además, tan sólo unos días antes, tres personas fueron detenidas y otras cuatro imputadas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Castellón como presuntas autoras de un delito de inmigración ilegal, entre otros.
Según fuentes policiales, la investigación policial se inició en noviembre del pasado año, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de varios extranjeros en Castellón que habían logrado acceder al país con aparente legalidad, siendo titulares de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, obtenida mediante ofertas de empleo o contratos de trabajo fraudulentos.
Así, en la capital de la Plana existía una gestoría a través de la cual se tramitaba la entrada en España de los supuestos trabajadores mediante la realización de contratos falsos, con los que pretendían obtener la autorización de residencia y empleo. Los trabajadores a favor de los cuales se realizaron las solicitudes eran captados por compatriotas en su país de origen. El gestor, al parecer, exigía el pago de 3.800 euros por el contrato de trabajo y la obtención de la autorización y 700 euros más para darles de alta en la Seguridad Social durante el tiempo necesario para que la resolución de concesión adquiriera eficacia y obtener así la Tarjeta de Extranjero. Un importante desembolso que no garantizaba que los trámites llegaran a buen puerto.
Asimismo, cabe recordar que a principios de este mismo año, la Guardia Civil también llevó a cabo en Benicarló una importante operación que se saldó con el ingreso en prisión de dos ciudadanos pakistaníes acusados de cometer un delito de explotación laboral sobre 71 compatriotas.
En concreto, M.I., de 48 años de edad, y M.A., de 40, obligaban a sus empleados a trabajar de manera ilegal. Les recogían en cuatro furgonetas y les trasladaban a huertos donde trabajaban precariamente, a cambio de una cantidad inferior al mínimo establecido por la ley.
Además, los presuntos explotadores les cobraban seis euros diarios en concepto de transporte independientemente de que trabajaran ese día o no, y les facilitaron tres viviendas en las que se hacinaban y por las que tenían que pagar 120 euros mensuales cada uno para tener derecho a un colchón.
No comments:
Post a Comment