Investigación. Carlos Buitrón, Director de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mencionó que la noche del sábado y madrugada del domingo se realizó un operativo para rescatar a presuntas víctimas de trata de personas que se encontraban en los burdeles ubicados en la parte norte de la ciudad.
La Policía Nacional a través de la Unidad Antitrata de la Dinapen, ha trabajado en este caso desde hace dos meses, identificando a las víctimas de este delito.
Explicó que este caso fue posible investigar tras una información de un caso similar del año 2009 que no fue sancionado.
Buitrón mencionó que en este operativo participaron varios organismos como la Fiscalía, Policía, Ministerio de Justicia, del Interior Mies y Sociedad Civil.
Dos detenidos. Tras el operativo los agentes procedieron a detener a Cruz C. y Carlos P. presuntos implicados en la trata de personas. Ayer cerca del medio día se realizó la audiencia de flagrancia de los sospechosos. El Juez Cuarto de Garantías Penales de Imbabura encargado Martín Góngora ordenó la prisión preventiva y se abrió la instrucción fiscal que en un caso durará 30 días y en el otro 90 días.
Pena. La Fiscal de Pichincha Tania Moreno que conoció el caso no se pronunció sobre el tema, pero explicó que la pena estipulada en este delito es de 12 a 16 años de prisión. Además dijo que existe una veeduría del Ministerio del Interior que se encargará de revisar las actuaciones de todas las partes en el proceso anterior.
Buitrón mencionó que en este operativo participaron varios organismos como la Fiscalía, Policía, Ministerio de Justicia, del Interior Mies y Sociedad Civil.
Dos detenidos. Tras el operativo los agentes procedieron a detener a Cruz C. y Carlos P. presuntos implicados en la trata de personas. Ayer cerca del medio día se realizó la audiencia de flagrancia de los sospechosos. El Juez Cuarto de Garantías Penales de Imbabura encargado Martín Góngora ordenó la prisión preventiva y se abrió la instrucción fiscal que en un caso durará 30 días y en el otro 90 días.
Pena. La Fiscal de Pichincha Tania Moreno que conoció el caso no se pronunció sobre el tema, pero explicó que la pena estipulada en este delito es de 12 a 16 años de prisión. Además dijo que existe una veeduría del Ministerio del Interior que se encargará de revisar las actuaciones de todas las partes en el proceso anterior.
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