España, Portugal, Brasil y Argentina colaboran para agilizar las extradiciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
España, Portugal, Brasil y Argentina han suscrito este miércoles el denominado 'Tratado de Compostela' que posibilitará agilizar las extradiciones --con la reducción de plazos para efectuar la entrega en un plazo de 30 días-- y luchar contra el crimen organizado, entre el que incluyen el terrorismo; la pena de muerte; la cadena perpetua; y la trata de seres humanos, entre otros delitos trasnacionales.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al acto de firma el ministro de Justicia español, Francisco Caamaño, quien ha incidido en que con este tratado han abierto "líneas importantes de trabajo" que pretende seguir impulsando en el área Iberoamericana para que otros países se sumen a lo que supone, según ha destacado, una "pieza jurídica fundamental" y un instrumento "ágil" para la lucha contra la criminalidad transfronteriza y contra la impunidad.

De este modo, ha abogado por cooperar para "conformar, como ya existe en Europa, un espacio de seguridad y de justicia común". "Mejorando y agilizando la cooperación y eficacia judicial entre nuestros países seremos más eficaces en defender los derechos y libertades de nuestros ciudadanos y combatir ese crimen globalizado que se da en el mundo de hoy", ha aseverado Caamaño.

En cuanto a las líneas de trabajo, ha trasladado la "apuesta decidida" de los gobiernos de los países firmantes y de toda la comunidad Iberoamericana "para que en el año 2015 sea cierta la moratoria de la pena de muerte en el mundo". Al respecto, ha recordado que así lo ha estado haciendo el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, ha comentado que han abierto una línea de trabajo "para actuar frente a la pena de muerte y frente a otra forma de pena, que es un trato inhumano y degradante, como es la cadena perpetua". "Consideramos que toda persona que ha cometido un crimen tiene derecho a cumplir su condena, pero que en el horizonte tenga la posibilidad de volver a la sociedad. Vamos a trabajar conjuntamente en esa dirección", ha expuesto.

Otra línea, se centrará en la lucha contra la corrupción, ante lo que ha apostado el ministro español por reforzar las vías de información con el fin de "evitar el blanqueo de capitales, los delitos trasnacionales y el crimen organizado entre nuestros países, y la trata de seres humanos, un tema que cada vez preocupa más".

PROGRAMA ESPECÍFICO

"Vamos a abrir un programa específico para analizar qué podemos hacer en nuestros países y en la comunidad Iberoamericana para favorecer el retorno de las víctimas en el caso de trata de seres humanos, si así lo desean, a sus países, informándoles y dando el respectivo apoyo", ha resaltado.

Por ello, ha considerado este tratado una "pieza jurídica fundamental" de colaboración frente a los que violan las fronteras para cometer crímenes. "Hemos actuado en positivo y hemos generado globalización para luchar contra esas formas de criminalidad", ha afirmado Caamaño.

De este modo, ha insistido en que los cuatro estados firmantes desean que "pronto se sumen otros países iberoamericanos" a este tratado que simplifica el proceso de extradición, ya que este tratado está abierto a la adhesión de todos los países de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).

Por parte de Portugal, ha firmado el acuerdo el ministro de Justicia, Alberto Martins; por Brasil, su viceministro de Justicia, Rafael Favetti; y por Argentina, la coordinadora general del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Adriana Alfonso. El acto, celebrado en el Pazo de Fonseca y al que asistieron numerosas autoridades, fue presentado por el rector de la Universidade de Santiago (USC), Juan Casares Long.

Al respecto, la representante argentina se ha sumado a las palabras de Caamaño y ha considerado que supone el "inicio de un camino" en el que van a "profundizar" en las líneas de cooperación. "Se va a dar mayor eficacia y rapidez a las extradiciones", aseveró.

En esta línea, el viceministro de Justicia de Brasil, Rafael Favetti, ha señalado que el tratado "simplifica y da celeridad" a la extradición y ha afirmado que revela la "absoluta confianza" entre los países firmantes, además de abogar por la "ampliación del diálogo entre países para mejorar la seguridad de todos los que viven" en los estados firmantes.

"INSTRUMENTO MUY IMPORTANTE"

También el ministro de Portugal ha destacado que se trata de un "instrumento muy importante en el combate del crimen", que supone la simplificación de procedimientos para las reglas de acción judicial. "Es un paso importante y un camino que tiene grandes posibilidades en el futuro".

Caamaño ha apuntado que apuestan por los mecanismos electrónicos porque en la actualidad el trámite de extradición se hace a través de "soporte papel", y el uso de formularios bilingües para no tener ningún problema de interpretación.

El 'Tratado de Compostela', además, da cabida a la entrega de nacionales, salvo impedimento constitucional. En todo caso, los países que entreguen a sus propios nacionales podrán condicionar dicha entrega a la posterior devolución de la persona para que cumpla la condena en su país de origen de manera inmediata. En caso de denegación de la extradición por impedimento constitucional se refuerza el compromiso de enjuiciar a la persona en el territorio de la parte requerida.

Otro de los aspectos que se incluye en el tratado es la posibilidad de aceptar las solicitudes de detención provisional a través de Interpol, lo que permite asegurar la entrega mediante la detención provisional de la persona reclamada, en tanto se recibe la solicitud formal de extradición, sin merma de los derechos y garantías del reclamado, pues dicha detención está sometida a un plazo perentorio y, por supuesto, a control judicial.

ACORTAR PLAZOS

Los países firmantes también han intentado acortar plazos, declarando de forma genérica la necesidad de actuar de forma ágil, e introduciendo un plazo de 30 días para efectuar la entrega, una vez adoptada la decisión que concede la extradición.

Asimismo, la introducción del mecanismo de entrega temporal, con el fin de evitar que la suspensión de la entrega por cumplimiento de responsabilidades pendientes en el Estado requerido entorpezca el procedimiento penal en curso en el requirente.

También destaca la inclusión de una base jurídica para el procedimiento simplificado de extradición, por lo que cuando la persona reclamada consienta en su extradición de forma libre y voluntaria podrá ser entregada sin ulteriores trámites. Con ello, "no solamente se reduce considerablemente la duración del procedimiento, sino que se permite una rápida actuación de la justicia en beneficio de las víctimas y de los derechos del propio imputado".