5 de Noviembre de 2010 15:20
Rut Feuk, Nadine Perrault y Enrique Delamónica señalaron que cerca de seis millones de personas de Latinoamérica han migrado dentro de la región y alrededor de 25 millones lo han hecho a Estados Unidos o Europa. Se calcula que uno de cada cinco migrantes es un niño o adolescente, que puede estar expuesto a abusos.
La migración afecta a los niños de diferentes maneras durante su ciclo de vida, ya sea al migrar junto a sus padres, solos o dejados atrás por uno o ambos de sus padres migrantes. Postularon que el impacto de esta migración debe ser analizado en el contexto más amplio de la pobreza y las desigualdades que se dan entre y al interior de los países.
Indicaron que políticas migratorias restrictivas, xenofobia, discriminación y tráfico de personas, son algunos de los riesgos principales que deben enfrentar los migrantes, especialmente si son indocumentados.
No obstante, en el lado positivo, la investigación precisó que los niños que migran en compañía de sus padres, o aquellos que reciben asistencia financiera por medio de las remesas, pueden obtener mayores oportunidades de desarrollo en términos de educación, salud y adaptación psicosocial. En particular, las remesas también pueden ayudar a disminuir el trabajo infantil.
Para ambas organismos, los principales desafíos pendientes para los gobiernos de la región en esta materia son: generar una política migratoria que proteja los derechos de los niños, especialmente de aquellos que migran de manera irregular, que vele por los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y niñas; acceso al derecho a la identidad al momento del nacimiento; y evitar la detención de niños y adolescentes migrantes por causa de su entrada ilegal a sus países de destino.
Recomendaron proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, y fomentar los efectos positivos de la migración. Entre ellos, evitar los impuestos sobre las remesas e implementar medidas que faciliten las transacciones; explorar opciones de cooperación internacional para hacer cumplir las obligaciones económicas de los padres separados o divorciados con sus hijos, aunque vivan en países diferentes.
Además, reformar las legislaciones nacionales para que incluyan medidas y políticas de protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los niños migrantes, entre otras.
