Cartera de justicia rescata a 222 víctimas de explotación laboral

07 de enero de 2011

La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizó hoy megaoperativos en establecimientos agrarios de las ciudades bonaerenses de Ramallo y San Pedro y rescató a 222 víctimas.

El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró hoy que esa tarea "es parte de la lucha contra la esclavitud del siglo XXI, que realiza el gobierno nacional con todas sus armas".

Un total de 222 personas sometidas a un régimen de explotación laboral, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, fueron rescatadas hoy en allanamientos realizados en establecimientos agropecuarios ubicados en San Pedro y Ramallo, informó Alak.

El ministro precisó que los procedimientos fueron realizados por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la cartera a su cargo, en coordinación con el ministerio de Trabajo bonaerense, la justicia, Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

"La lucha contra la trata de personas es la lucha contra la esclavitud del siglo XXI, un flagelo que supone la violación de derechos humanos elementales y que el gobierno nacional combate con todas sus armas", aseguró Alak.

Apuntó que desde "la sanción de la ley específica, en abril de 2008, la tarea sistemática y coordinada con la justicia y las fuerzas de seguridad federales y provinciales ha permitido el rescate de más de 1.500 víctimas de uno de los delitos más aberrantes de la trama del crimen organizado transnacional".

En el operativo realizado en Ramallo, un total de 72 personas (el número podría superar el centenar luego del resultado de allanamientos de última hora) fueron rescatadas de una finca, en la que eran sometidas a un régimen de explotación laboral.

En el allanamiento, ordenado por el juzgado federal de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte -con intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones 6 a cargo del fiscal Darío Giagnorlo y efectivos de Gendarmería Nacional-, "se constató la presencia de cuatro cuadrillas conformadas por 18 trabajadores cada una, aunque en el lugar cumplían tareas más de 200 personas, que habrían sido trasladadas en los últimos días", dijo Alak.

Según el informe de la titular de la Oficina de Rescate, Zaida Gatti, las víctimas son todas mayores de edad y estaban en precarias casillas de chapa, en condiciones de hacinamiento, en tanto la alimentación que les hacía llegar la empresa generalmente se encontraba en mal estado, informaron las víctimas.

Todos los perjudicados, agregó el informe, serían oriundos de Santiago del Estero, y aseguraron que hasta hace algunos días también había menores de edad trabajando en el lugar, los que fueron retirados por los cabecillas de cuadrillas y/o capataces.

"Una de las víctimas indicó que ayer un menor de 14 años que trabajaba en el establecimiento fue retirado por el capataz y se desconocería su paradero", consignó el informe.

La denuncia de las víctimas señaló, además, que ese capataz "castigaba físicamente" al menor.

Las víctimas añadieron que hace tres días la empresa dispuso la instalación de baños químicos, aunque teniendo en cuenta que su llegada se habría producido a mediados de diciembre, el personal habría realizado sus necesidades fisiológicas "en el campo", ya que no tenía baños o instalación sanitaria alguna.

En tanto, en allanamientos realizados en la Estancia La Esperanza de San Pedro fueron rescatadas 150 personas que vivían en una misma carpa y trabajaban en graves condiciones de explotación.

De los procedimientos, también ordenados por el juez Villafuerte con la intervención del fiscal Giagnorio, participaron además de funcionarios de la Oficina de Rescate de Justicia y Derechos Humanos el ministerio de Trabajo bonaerense y efectivos de la DDI San Nicolás de la Policía provincial.

El informe de la Oficina de Rescate señaló que las 150 víctimas, oriundas de Santiago del Estero, "trabajaban 12 ó 13 horas por día y vivían en una carpa, sin luz eléctrica y con agua de pozo".

"Los mayores convivían con los menores, que trabajaban a la par de los adultos", agregó el informe oficial.

Indicó también que "tenían tres baños químicos al momento de llegar y, esta semana, les habían agregado tres más", en tanto "dormían en colchones rellenos con pasto, según refirieron".

A los trabajadores se les asignaba un crédito de 25 pesos por día para comer, pero las facturas que dejaban los proveedores enviados por la empresa superaban ampliamente esos montos.

"Los trabajadores habrían firmado documentos que establecían condiciones que desconocían y eran claramente diferentes al ofrecimiento verbal que les habían hecho los reclutadores", consignó el informe, que precisó que muchas de las víctimas (que desconocen cuánto debían cobrar) tienen escolaridad mínima y, otras, son directamente analfabetas.

Los allanamientos realizados en San Pedro tuvieron dos antecedentes: en sendos procedimientos realizados el 29 de diciembre y el 4 de este mes el gobierno rescató a 209 personas explotadas en establecimientos agropecuarios del distrito.

"En la lucha contra lo que consideramos la esclavitud del siglo XXI, se rescató y asistió en 2010 a 495 víctimas del delito de trata de personas, en el marco de 342 allanamientos con 276 detenidos", puntualizó Alak.

En tanto, reseñó que el gobierno argentino promovió en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto a Brasil y en representación del Mercosur, "la penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas".

Además, presentó un proyecto de resolución sobre trata de personas en la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta argentina recibió un significativo respaldo internacional y, en ese sentido, la Organización de los Estados Americanos (OEA) incorporó el tema al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012.

Alak agregó que "la Organización de las Naciones Unidas otorgó en mayo último en Viena, durante la reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, otro respaldo internacional clave para avanzar en la revisión de legislaciones y establecer la penalización de la explotación de personas".

En junio último se difundió un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que elevó a nivel dos la calificación argentina en torno de las mejoras en "los mecanismos gubernamentales" relacionados con la lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas.