El cumplimiento de la Convención sobre los Derechos
del Niño en España, a examen
Desde Save the Children se hace un balance positivo del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en España durante los últimos ocho años, pero también se recuerda que queda mucho trabajo por hacer.
Resumen publicado por ABC
La delegación española, encabezada por el embajador ante la ONU en Ginebra, Javier Garrigues, e integrada por representantes de diferentes departamentos ministeriales, respondió durante varias horas a las preguntas de los 18 expertos internacionales que forman el Comité acerca del cumplimiento por España de sus obligaciones sobre la Convención del Niño que ratificó hace 20 años.
Una gran parte de estas preguntas se refirieron a la situación y legislación relativas a los menores extranjeros no acompañados, como señaló a Efe una fuente diplomática española.
La abogada del Estado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, María Luisa García Blanco, explicó que la nueva Ley de Asilo dedica un título específico a los niños "inspirándose en la protección del superior interés del menor para el que se exige tratamiento diferenciado en atención a su especial vulnerabilidad".
También indicó que la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros "refuerza el carácter garantista de nuestra legislación en esta materia, fundando el tratamiento de los menores no acompañados en el principio del superior interés del menor y en la salvaguarda de todos sus derechos, entre otros el derecho a ser oído".
España ya había ofrecido explicaciones por escrito a las preguntas planteadas anteriormente por el Comité sobre éste y otros aspectos, y en concreto se había referido a los acuerdos existentes con Marruecos y Senegal acerca de los menores no acompañados.
Los expertos del Comité también se interesaron hoy sobre la descentralización político-administrativa en España -las Comunidades Autónomas- y en cómo ésta afecta a la garantía de los derechos del niño.
En este sentido, los representantes españoles explicaron que dicha descentralización, lejos de perjudicar la defensa del menor, es un instrumento para profundizar en ella mediante la coordinación entre las distintas administraciones.
La delegación española ofreció también en la sesión de hoy una amplia información sobre las más recientes novedades legislativas en el terreno de la defensa del niño.
García Blanco expuso, entre las modificaciones introducidas en la reciente reforma del Código Penal, que se ha endurecido la respuesta penal ante los delitos de naturaleza sexual contra los niños.
Además -agregó- se ha tipificado el delito de "ciberacoso sexual a menores", se ha ampliado el ámbito del delito de pornografía infantil y se prevé la medida de libertad vigilada para los delincuentes sexuales objetivamente peligrosos aún después de haber cumplido su condena.
Igualmente, señaló que se ha agravado la pena para los delitos de trata de seres humanos cuando afecta a menores.
La representante española también expuso en su presentación al Comité las medidas que se han adoptado para preservar los derechos del menor en los procesos judiciales, mediante medios técnicos como videoconferencias o mamparas, además de tratar de evitar la repetición de las declaraciones de menores, la duplicidad de exploraciones médicas o psicológicas y los retrasos judiciales.
El Comité había realizado sus últimas recomendaciones a España en el año 2002, y tras el examen de hoy, emitirá sus nuevas recomendaciones el próximo 1 de octubre, cuando concluya la actual sesión del organismo de derechos del niño.
Diversas ONGs que han aportado informaciones al Comité asistieron hoy a la sesión, entre ellas Save the Children, quien destacó en un comunicado los avances registrados por España en la defensa del niño, entre ellas algunas modificaciones del Código Penal.
No obstante, la ONG insistió en que sigue siendo preocupante la situación de los grupos más vulnerables, como los menores extranjeros no acompañados.
Para Save the Children, la nueva Ley de Extranjería prioriza su condición de extranjeros ante su condición de menor de edad y no garantiza la protección más adecuada. EFE
