En febrero de 2010 la Fundación Raíces denunció públicamente la situación de 18 menores de origen subsahariano que, estando bajo la protección de la Comunidad de Madrid, habían sido denunciados penalmente por la gerente del Instituto Madrileño del Menor y La Familia por presunta falsificación de sus pasaportes.
La Comunidad de Madrid justificaba dicha denuncia en la existencia de unas pruebas radiológicas practicadas en la Clínica Privada Abadal en las que se concluía que la edad más probable se situaba “en torno” a los 18 años. Al mismo tiempo que, la Comunidad de Madrid, denunciaba a los menores, cesaba las medidas de protección que había adoptado sobre ellos y los dejaba en la calle, al considerar falsos los pasaportes de estos ciudadanos, expedidos en sus correspondientes embajadas y consulados y en muchos casos con partidas de nacimiento y certificados de autenticidad expedidos por las autoridades consulares de sus países de origen.
A día de hoy, de los 18 casos denunciados, en los juzgados de Plaza de Castilla se han resuelto ya 13, el resto están pendientes de resolver. Muchos de los pasaportes han sido analizados por la Policía Científica, resultando auténticos y en algún caso los jueces no han considerado necesario practicar pruebas periciales pues los documentos no mostraban ningún indicio de falsedad; en consecuencia todos los Juzgados de Instrucción que han resuelto ya, han archivado las denuncias interpuestas por la Comunidad de Madrid y han procedido a devolver los pasaportes a los menores.
Han transcurrido ya tantos meses que ahora ya sí muchos de los chicos son mayores de edad.
