Noticias enviadas por CHS Alternativo. Perú.
Región La Libertad crea comisión de lucha contra la trata de personas- Madre de Dios: la Trata de Personas se ha convertido en parte del paisaje
- La justicia tarda, ¿pero llega?
- ¡Inaceptable! : Mil días y el drama continúa - El caso Jhinna Pinchi -
- "Podemos tener el mejor código, pero nada va a valer si es que fiscales y jueces no toman en cuenta la importancia de llevar adelante un proceso respetando los derechos e intereses de las víctimas"
| Posted: 17 May 2012 09:52 AM PDT (ANDINA). Una comisión regional de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes fue creada en La Libertad, la cual promoverá mecanismos de prevención, atención integral a las víctimas y sanciones para quienes cometan dichos delitos, se informó hoy. El presidente regional de La Libertad o el funcionario que designe liderará el grupo de trabajo y lo acompañará el alcalde provincial de Trujillo o su representante, los titulares de la Corte Superior de Justicia y de la Junta de Fiscales Superiores locales y la Policía Nacional. También representantes de las gerencias de Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Comercio Exterior y Turismo; de la Dirección de Migraciones; y de los ministerios de Justicia y de la Mujer. Serán sus funciones promover políticas orientadas a prevenir dichos delitos, en coordinación con las autoridades y la sociedad civil; así como garantizar una atención integral a las víctimas. Asimismo, comprometer a los operadores de justicia en el cumplimiento de sus funciones promoviendo instrumentos legales y protocolos concertados que permitan la adecuada tipificación de estos delitos y se posibilite su persecución eficaz. La comisión también promoverá una justicia especializada en el tema de trata de personas, con el propósito de evitar impunidad de los investigados y/o procesados. La disposición indica que dentro de la comisión se formará una mesa de diálogo que coadyuvará al análisis y a la búsqueda de acuerdos consensuados entre las organizaciones que trabajan en el tema y el Estado. Estará formada por integrantes de la comisión regional; el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos Vidarte; representantes de la Defensoría Pueblo y de las universidades; los decanos de los colegios de Abogados y de Periodistas, entre otros. La ordenanza 003-2012 que crea la comisión regional de lucha contra la trata fue publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Link: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-region-libertad-crea-comision-lucha-contra-trata-personas-412575.aspx  |
| Posted: 17 May 2012 10:04 AM PDT El día 9 de mayo CHS Alternativo presentó el libro "La Trata de Personas en la región de Madre de Dios". El informe describe lo impresionante que puede resultar la realidad de un delito en la región de un país con un Estado débil o ausente. Para muestra un botón. Un local nocturno de la zona se da el lujo de normar y sancionar a las personas que incumplen regulaciones dirigidas a formalizar la esclavitud de seres humanos. "Prohibido ingresar a los cuartos después de las 7 p.m. (multa 200 soles)" se lee en un cartel que señala las reglas de conducta de sus víctimas prisioneras. Otro prohíbe llevar comida al cuarto y lo sanciona con una multa similar. En ese lugar, las multas sí se cumplen. Basta la imposición arbitraria del explotador para que sus víctimas tiemblen de miedo y carguen a su larga y pesada cadena, una deuda más. Ahí no se requiere de una inspección o trámite administrativo para aplicar la sanción. Simplemente se somete a los más débiles. La publicación saca a la luz, desde el testimonio de las propias autoridades, los límites de la autoridad del Estado. No es necesario terminar de leer el libro, para darse cuenta que el país es más pequeño de lo que nos enseñaron en la escuela. En este lugar no hay autoridad pública. En este lugar la magnitud del delito ha sobrepasado la acción del Estado en todos los niveles del gobierno. Otras revelaciones del estudio muestran que en Madre de Dios la tasa de personas infectadas con VIH es 10 veces superior al promedio nacional. Situación grave si tomamos en cuenta que es una región con alta migración estacional. En Madre de Dios encontramos personas de todo el país y de otros lugares del mundo. ¿Se imagina lo que pasará cuando estos retornen (los que puedan) a sus hogares? La ruta de Cusco a Madre de Dios, específicamente en la zona minera informal, es a pesar de todos los anuncios y del puesto de control, una en la que todos los días transitan sin control decenas de menores de edad. En esta misma ruta paradójicamente una maquinaria pesada tiene que pagar 500 soles para desplazarse. Un prostibar llamado "California", tiene en su cadena de sucursales a lo largo de los campamentos entre 80 y 100 mujeres víctimas de Trata de Personas. A pesar de todo, sigue siendo uno de los establecimientos intocables. La Trata de Personas se ha convertido en parte del paisaje, a la fuerza de la costumbre. Es una lástima pero es real. Tan tangible como los adolescentes huaychuleros que trabajan en la minería aluvial y que duermen sobre montículos de piedra cubiertos con tolderas, en campamentos donde la jornada laboral es de 24 horas, porque es esta actividad no hay horario de oficina. Una decisión urgente: El rescate Cerca de 450 bares existen en la zona. Centenas y miles de víctimas explotadas sexual y laboralmente. Es necesario actuar e ir al rescate, pero con inteligencia operativa; mejorar los controles en el traslado de menores de edad; fiscalizar establecimientos e implementar centros de atención para víctimas. Es necesario ejecutar con decisión y recursos, las responsabilidades comprendidas en el gran compendio de política pública que existe para enfrentar la Trata de Personas en el país. Como señala Ronald Gamarra "primero se hace necesario que el ministerio público y poder judicial, tengan una especial preocupación por la gestión, investigación y procesamiento de estos casos". No permitamos que la próxima "regla de conducta" en un local nocturno se legitime más que aquella que manda la autoridad del Estado. Reporte Alternativo  |
| Posted: 17 May 2012 10:20 AM PDT El 17 de febrero del año 2011 la Corte Superior de Justicia de La Libertad sentenció por 35 años de prisión a Antonio Esteban Horna Zapatell por los delitos de Trata de Personas y Violación de la Libertad Sexual (Expediente Nº 4385-2009-79-1601-JR-PE). Dicha sentencia marcó el precedente más importante en la penalización de este delito en el país y probablemente en el continente. La víctima, una adolescente, privada de la libertad en un parque de la provincia de Virú, fue violada y luego "comercializada" sexualmente en Lima, Lambayeque y Trujillo. El autor, que actualmente purga condena en el penal del Milagro, pensó que aquella adolescente nunca se atrevería a denunciar los hechos y menos inculparlo. El temor que había desarrollado en ella, le daba la seguridad de que nada pasaría. Se había dado el lujo de llevarla hasta en dos oportunidades a su propio domicilio y esperarla fuera bajo la amenaza de que en caso le dijera algo a sus padres, él mismo entraría a matarlos a todos. El caso, estaba prácticamente perdido "archivado" en una fiscalía del Callao. La adolescente había sido rescatada de un burdel y considerada como una adolescente en riesgo por abandono, cuando era una víctima de un delito grave. Construir el caso, requirió mucho esfuerzo por parte de las Fiscalía. Había sido inicialmente reportada como desaparecida pero no figuraba en el registro de denuncias de la PNP. Por error la habían registrado solamente como una ocurrencia. Fue necesario buscar uno por uno los registros de ocurrencias para constatar que en efecto fue dada por desaparecida. A partir de ese momento se empezó a construir el caso. Sin embargo, 14 meses después de la confirmación de la sentencia de primera instancia y no obstante la simbólica reparación civil de doce mil nuevos soles, no podemos afirmar que nuestra víctima recibió la atención que necesitaba. Nadie a ciencia cierta sabe su actual paradero, ni menos si dejo atrás las pesadillas o el temor de salir a la calle. ¿Podemos pensar al menos que un servicio público la contactó para ofrecerle ayuda? Durante el tiempo que tomó la denuncia y la sentencia, se aprobaron diversos dispositivos para penalizar el delito e implementar políticas públicas, sin embargo ¿cuál de ellas logró ayudarla a resolver sus miedos y necesidades? En el año 2011 atendimos en el Centro de CHS Alternativo a 38 víctimas de Trata de Personas, 23 de ellas menores de edad. Todas mujeres. 7 de ellas requerían retornar con urgencia a sus lugares de origen, tanto por problemas de salud como de seguridad, 11 necesitaron atención psicológica de crisis y 8 asistencia legal para acceder a la justicia. En los dos años que lleva este Centro ha derivado a gran parte de las víctimas a los servicios públicos. Algunas de ellas han preferido el silencio, esperando que el tiempo cure sus heridas. Sin embargo, ¿cuántas realmente acceden a los servicios públicos?... Veamos, es común en las víctimas de explotación sexual, encontrar testimonios de la forma como eran llevadas a establecimientos públicos de salud, para obtener el carnet de sanidad o recibir información de planificación familiar y profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual. Costos que además eran trasladados a ellas, incrementando su deuda. Pero ¿no es común que estos servicios denuncien estos casos?. Al contrario el silencio es prácticamente la regla. En el caso mencionado al inicio, la víctima se encontraba en un prostíbulo autorizado en el Callao. ¿Acaso nadie supervisó este lugar? Fue necesario un parroquiano o usuario para salvarle la vida. ¿Pero cuántas realmente escapan?... Muy pocas. Las cifras oficiales enmascaran una realidad cuya magnitud se devela a diario y es más que el ícono que representa hoy Madre de Dios. Donde nadie, ni siquiera la mediática ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, logra rescatar a las cientos de víctimas, varones y mujeres. ¿Es más sencillo lidiar con la minería ilegal, que con las mamis de los "prostibares" o los enganchadores?. Basta viajar por la selva central (VRAE) para constatar la desprotección absoluta de cientos de adolescentes en bares, cantinas y mochileros en medio del narcotráfico, del terrorismo y de la propia población que hace uso de ellos. Darse una vuelta por la hermosa Piura o la zona de la triple frontera en Caballococha (Loreto) es retroceder al "viejo oeste" donde la vida no vale nada, y menos la de las víctimas de Trata de Personas, donde puedes comprar a un ser humano aunque parezca increíble. ¿La justicia tarda pero llega? ¿Realmente llega? es la pregunta. El caso "Bar la Noche" puede convertirse en breve (5 de junio 2012) en el punto de inflexión de la justicia en el país. 1 000 días sin justicia para quien estuvo cerca de 3 años encerrada es mucho más que eso. Es la prolongación del dolor. Pero es también para la sociedad, una muestra de lo que no debemos dejar que pase: LA IMPUNIDAD. Reporte Alternativo  |
| Posted: 17 May 2012 10:43 AM PDT El 10 de setiembre del 2009 una joven tarapotina, intentó tirarse de un segundo piso en un night club de Piura. Quería escapar o morir, para salir del encierro a la que había sido sometida durante dos años desde que un estilista la engañó y vendió como esclava sexual al dueño del Bar La Noche. Esa misma noche un policía honesto escuchó su relato y se dio cuenta que enfrentaba el caso más complejo que había tenido en sus manos. No imaginaba que su premio por el buen trabajo sería el "destaque" a una Comisaría alejada y que truncaría la carrera de su esposa en la administración de justicia. El relato de Jhinna era terrible. Historias de violaciones a mayores y menores de edad, de sesiones sexuales con clientes y autoridades VIP para canjear servicios sexuales por protección para el dueño del establecimiento, eran solamente algunos de los hechos que relataba. Vivió 30 días en la Comisaría de Piura y luego se mantuvo escondida cerca de dos años. La muerte, como pasó con la testigo Francisca Macharé, era probablemente lo que le esperaba si se hacía visible. Años antes, otra víctima de 22 años, "Shirley", había sido degollada y enterrada en una maleta, por querer escapar de las manos de sus explotadores. Muchas otras víctimas, perseguidas y amenazadas, han sido obligadas a retractarse y sus casos archivados. Jhinna, tuvo mejor suerte, su valentía la llevaría a convertirse en la primera víctima de Trata de Personas del país en acceder a un programa de protección del Ministerio Público. Sin embargo, a puertas de cumplirse los 1000 días desde que escapó de su encierro, su caso sigue entrampado en un lento proceso judicial. Casi dos años tuvo que esperar para que el Ministerio Público formalice la denuncia y ahora la estrategia de dilación del proceso por parte del inculpado no permite que se haga justicia. Paradójicamente, mientras que Carlos Chávez (el procesado) sigue libre y remodelando su local nocturno, ella permanece virtualmente en el encierro, sin poder caminar libremente y con el temor de que alguien la mate. ¿Justicia? El Ministerio de Justicia le ha asignado un abogado para que la "asista" durante todo el proceso. Sin embargo, ella y el fiscal a cargo del caso, están realmente solos. Ella en el encierro "protegida" y él con la responsabilidad y la presión de litigar en un proceso, donde la víctima relata cómo funcionarios del Ministerio Público y de otras entidades del Estado acudían al Bar La Noche como usuarios. Mientras tanto, el Programa de Asistencia y Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público lucha por proteger a su familia, pero también para conseguir los 16 millones de soles que se necesitan para asistir y proteger a las víctimas del delito. El inculpado no se presenta y dilata el proceso, mientras busca desesperadamente a Jhinna para convencerla de que cambie su versión. El Juez no varía la orden de comparecencia, porque "no hay riesgo procesal". Absurdo cuando lo que está en riesgo es la vida de una persona. Mientras tanto se acerca el 05 de junio y por consiguiente los 1000 días desde que escapó del encierro. Entre tanto, cientos o miles de víctimas siguen en cautiverio, algunas llegarán a acostumbrarse al dolor de la esclavitud, otras morirán en el camino, muy pocas escaparán y parece que casi ninguna logrará JUSTICIA. Reporte Alternativo  |
| Posted: 17 May 2012 01:04 PM PDT Ronald Gamarra. Abogado Penalista, Ex procurador Anticorrupción de la Nación. - ¿Cómo contribuye el nuevo código procesal penal a la persecución del delito de Trata de Personas (TdP)? Bueno, el nuevo código procesal penal plantea un nuevo modelo para hacer frente al proceso en general y evidentemente, de una manera mucho más moderna, respetando los derechos de los procesados, pero también atendiendo los intereses de las víctimas. Es un proceso más transparente, más oral, en donde no hay espacio para la corrupción y donde formalmente las investigaciones y sentencias se dictan en un tiempo mucho más breve. Todo ello evidentemente, desde el punto de vista académico o formal, va a beneficiar a quienes son víctimas de estos crímenes y cuyas investigaciones y procesos llegan al poder judicial. - Y en la práctica, ¿cómo se viene dando? Es un poco de cal y otras de arena, más que el tema del modelo procesal penal, tiene que ver con los operadores jurídicos, podemos tener el mejor código, pero nada va a valer si es que fiscales y jueces no toman en cuenta la importancia de llevar adelante un proceso respetando los derechos e intereses de las víctimas. - Se señala que el nuevo modelo procesal contribuye a la celeridad del mismo; sin embargo, en el caso de la señora JIPC estamos próximos a cumplir los 1000 días desde la denuncia y aún se encuentra en etapa de control de la acusación. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es un ejemplo claro de cómo pese a que el modelo es teóricamente superior, la inoperancia de los operadores del derecho no permiten que se haga justicia de manera pronta. Es inaudito, inadmisible e impensable bajo este nuevo código, que un proceso penal o investigación, puede durar tanto tiempo, aún cuando el caso pueda ser complejo, que creo que no es el caso, porque aquí las pruebas son más que evidentes de la comisión del delito. Evidentemente, el caso de Jhinna es paradigmático ya que pone en cuestión más que al modelo a la actuación concreta de jueces y fiscales. - ¿Y en qué casos puntuales se ve reflejado esa inoperancia en los operarios que usted menciona? En el hecho de que las investigaciones preliminares demoren en demasía, en el hecho que no se dicten disposiciones para la continuación de la investigación preparatoria, el tema de que no siempre los imputados reciben la prisión preventiva que merecen. Evidentemente el transcurso del tiempo y la dilación de los que se valen esos procesos, que no son cortados de raíz, ni por la fiscalía, ni por el juez que hacer el control. - ¿Considera necesario que se designe un procurador público para la persecución del delito de trata de personas? Por la gravedad de este delito y por la insistencia que va teniendo en la vida social, procesal y penal en el Perú, consideremos que las cifras van en un continuo y lamentable ascendente desde el 2004, creo que primero se hace necesario que el ministerio público y poder judicial, tenga una especial preocupación por la gestión, investigación y procesamiento de estos casos y debe haber una suerte de política pública específica del ministerio fiscal para llevar a delante las investigaciones y procesamiento de estos casos. Que cuente con una fiscalía especializada en caso de trata de personas, podría ser, pero lo primordial sería que haya fiscales y jueces comprometidos con su labor profesional para que lleven adelante en un tiempo prudente y corto las investigaciones. -¿Cuál es la tarea pendiente para tener fiscales y jueces comprometidos? Primero es una preparación de los fiscales que se encuentran laborando dentro de la administración de justicia, en segundo lugar, debe haber una continuación de esa preparación de los magistrados, pero también que el Concejo Nacional de la Magistratura (CNM) tenga en cuenta esos temas como la trata de personas al momento de decidir quiénes son los abogados que van a proceder funciones en la fiscalía y en el poder judicial que probablemente tengan que gestionar estos casos. Pero no nos olvidemos que hay una labor importante que le compete a la Academia de la Magistratura en la preparación y formación de los futuros jueces y fiscales. Sin embargo, hay que apuntar a los operadores del derecho antes que a pensar modificaciones al modelo y la estructura orgánica especializada en el interior del Ministerio Público y del Poder Judicial para tramitar los casos de trata de personas. - ¿Y en esta preparación de la magistratura debe también contemplar el tema de la corrupción?, ya que hay actos de corrupción vinculados a TdP, un ejemplo es el caso de la señora JIPC. ¿Qué debería hacerse para prevenir y sancionar esta situación? Evidentemente, tiene que ver una singular preocupación de la academia por la formación y la transparencia de quien va a administrar la justicia, pero también de los otros estamentos, llámese CNM o los órganos de control del Ministerio Público y del Poder Judicial, sin dejar de la el rol que debe cumplir la participación ciudadana. Creo que este hecho no se concreta o se suscribe a la acción propia de los órganos internos de control de las instituciones, sino particularmente a lo que podemos hacer los ciudadanos. - Y ¿cuál es el campo de los ciudadanos en este caso? Lo primero es estar pendiente de la gestión concreta de los casos, en segundo lugar, denunciar ante las autoridades correspondientes. Yo creo que no se debe perder una vinculación con las víctimas, pero también a los medios de comunicación, para lograr siempre un espacio en estos medios para no perder de vista que este es un delito que está en ascenso y que no resolver los casos en concreto, no solamente es una injusticia para las víctimas, sino que además su no adecuada gestión y la impunidad de los casos lo único que va a generar es que se perpetúe y se incremente los casos de Trata de Personas. Reporte Alternativo  |
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