La Unidad de Víctimas Especiales (uve) de la ciudad de Santa Cruz es una experiencia piloto que tiene el objetivo de implementar un modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual, abordando aspectos de salud biopsicosocial y legal, a través de un equipo multidisciplinario que realiza la investigación, recojo de evidencia y protección a la víctima de forma inmediata, porque hay coordinación entre la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (felcc) y la oficina forense, al encontrarse estas instituciones en el mismo edificio.
La explotación sexual comercial de la niñez es una violación fundamental de los derechos de este grupo etáreo. Abarca el abuso sexual por parte de adultos e incluye remuneración en dinero o en especie para el niño o para una tercera persona o personas.
El niño/a es tratado como un objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye una forma de coerción y violencia contra ésta, equivale al trabajo forzoso y constituye una forma contemporánea de esclavitud, según la Declaración de Congreso de Estocolmo (1).
Trata de personas
La trata es un delito de lesa humanidad y los elementos para identificar esta vulneración están descritos en la Ley Nº 3325, de 18 de enero de 2006, que en su artículo 1 dice: Crease el capítulo V “Trata y Tráfico de Personas”, del Título VIII Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Ley N° 1768 de 11 de marzo de 1997 del Código Penal, incluyéndose en el mismo los siguientes artículos: Artículo 281 bis (Trata de Seres Humanos). Del Código Penal Boliviano; Artículo 281 cuater (pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas o adolescentes).
La trata de personas es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con cualquier fin de explotación”.
Creación de la UVE
En octubre de 2007, en Santa Cruz, se creó la Unidad de Víctimas Especiales (uve) después de firmar un convenio entre el Gobierno Municipal, la Gobernación y la Fiscalía. La uve tiene un equipo de profesionales, entre ellos fiscales, médica forense, psicóloga de contención y auxiliares dependientes de la Fiscalía de Distrito. Además de psicólogas, trabajadoras sociales y abogados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pertenecientes al Gobierno Municipal.
Casos denunciados
La uve, entre enero y abril del 2011, recibió 235 denuncias que corresponden a casos de violación 135, estupro 21, abuso deshonesto 70, tentativa de violación 14, abandono de mujer embarazada 5, rapto impropio 15 y trata de seres humanos 7.
Procedimiento
Carmen Moreno, coordinadora de la unidad, explicó que “cuando una víctima llega a la uve primero la atiende la psicóloga de contención, que es dependiente del Ministerio Público, conversa con ella, luego el equipo multidisciplinario de la Defensoría hace una evaluación y deriva a la persona al fiscal de turno.
Una vez recibida la denuncia, el Fiscal asigna un investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (felcc) para que reúna las pruebas. El policía investiga el hecho bajo la supervisión de la Fiscalía, que, después de conocido el caso, ordena los peritajes profesionales respectivos.
Posteriormente, la médica forense emite el certificado que es requerido por el Fiscal. Por último la Defensoría asume la defensa socio-jurídica. El proceso completo se realiza de inmediato, porque todo está centrado en un solo edificio”.
La uve, para atender a las víctimas de forma digna, cuenta con dormitorios amoblados y una serie de servicios como ducha, ropa y comida, entre otros, que fueron proporcionados por la sociedad civil y la ayuda internacional.
Protección a la víctima
Según la doctora Moreno, “para proteger a la víctima se cumple toda una estrategia de salida, se le brinda asistencia social, atención médica, terapia psicológica, asesoramiento legal y material. De igual manera, se procede con la integración social, es decir, la víctima retorna a su hogar. También se garantiza el derecho a la información.
La declaración de la víctima es una prueba preconstituida, por lo tanto, se protege su intimidad e identidad. Si hubiera habido amenazas a la víctima se procede con el protocolo de identificación y derivación, luego se toma medidas para facilitar un cambio de domicilio”.
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