Según el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, Philip Alston, Ecuador tiene problemas con la justicia.
"La inseguridad ciudadana va en incremento, la tasa de homicidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles impresionantes. Problemas tales como el aumento del sicariato, el linchamiento por parte de turbas al margen de la ley, el incremento de la actividad criminal relacionada con las drogas y otras formas de crimen organizado, la inseguridad y los asesinatos a gran escala en la frontera con Colombia, y la intimidación y asesinato de defensores de derechos humanos están todos agravados por un sistema de justicia penal ampliamente disfuncional. Este sistema consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia y mala gestión. Estos problemas se ven agravados por alegaciones de corrupción en la mayoría de niveles."
Los temas:
- El problema de la impunidad y el papel de la Comisión de la Verdad
- Muertes en la frontera Ecuador-Colombia
- Sicarios
- Muertes causadas por la policía
- La confusión entre casos de linchamiento y la justicia indígena
- Las Juntas de Defensa del Campesinado
- Defensores de derechos humanos
- El temor de los testigos y la protección
- Ombudsman (Defensor del Pueblo)
- Tribunales
- Ajustes de cuentas
Las recomendaciones:
1. El gobierno debe crear una comisión de expertos de alto nivel para que ésta evalúe el desempeño de los servicios de policía, y para que proponga reformas de índole estructural y operacional, en aras de mejorar la capacidad para responder eficazmente al desafío de las tasas crecientes de delitos graves, incluidas las ejecuciones extrajudiciales. Esta comisión también deberá considerar si se necesita o no una unidad legista independiente y un Ministerio de Policía aparte para garantizar que un ente de carácter civil haga una veeduría más estricta de la
Policía.
2. Se debe formular una estrategia nacional para la lucha contra las muertes por sicario. El gobierno debe aprovechar iniciativas recientes en este sentido con miras a alcanzar una verdadera concertación de esfuerzos entre la Policía y la Fiscalía. No se deberá volver a utilizar la categoría de “ajuste de cuentas” para clasificar ningún caso, y la Policía deberá tener la obligación de investigar a fondo todo caso de muerte a manos de sicarios.
3. Hay que felicitar al Gobierno por sus esfuerzos encaminados a conseguir una reforma del sistema de justicia a través de una mayor eficiencia. Por otro lado, se necesita incrementar el número de jueces y realizar mayores esfuerzos para protegerlos contra amenazas e intimidaciones, especialmente en áreas remotas.
4. El Gobierno y la Asamblea Nacional deberán dar seguimiento a la labor de La Comisión de la Verdad, y esto incluye: (a) garantizar que todo caso que así lo amerite se reabra y que se inicien investigaciones penales efectivas por parte de peritos totalmente independientes de las partes involucradas, (b) otorgar formas de compensación adecuadas a los miembros de las familias de las víctimas, y (c) crear un archivo con la documentación de la Comisión de la Verdad. Además, La Comisión de la Verdad deberá asegurarse de dar una amplia difusión a un breve resumen de su informe que sea de fácil comprensión para el público en general y que haya sido traducido a los idiomas pertinentes.
5. La era de una Policía que se investiga a sí misma debe llegar a su fin. El Gobierno deberá crear nuevo ente que esté en condiciones de investigar la presunta participación de la policía en una muerte, de manera creíble, independiente, eficaz y ágil.
6. Deberá ampliarse el programa de de protección a víctimas y testigos para ampliar su capacidad, mejorar su credibilidad, y para garantizar su independencia de otros actores. Deberá considerarse la posibilidad de crear un programa administrado de forma totalmente independiente de la policía y los servicios de fiscalía.
7. Los miembros de las Fuerzas Armadas que operan en la frontera deberán recibir una capacitación más amplia y más completa que les permita atender las complejas funciones policiales y militares que se ven abocados a desempeñar. Esto incluiría formación acerca de cómo trabajar estrechamente y de forma constructiva con la población civil, cómo aplicar y cómo distinguir entre las normas de derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, y cómo tratar humanamente a las personas desplazadas y a aquellos que han tenido que huir de sus propios países.
8. El Ecuador no se encuentra en la mira de muchas organizaciones humanitarias o de derechos humanos de alcance regional o internacional. Los problemas que he descrito en el presente documento indican claramente que se necesita una mayor atención internacional hacia los derechos humanos en Ecuador, lo cual incluye, entre otras cosas, vigilancia, asistencia humanitaria, y colaboración con las ONG nacionales.
La entrevista con el Relator.
El informe completo.
Reportajes
El Comercio publicó una serie sobre este tema:
13 de junio del 2010
EL COMERCIO reveló que el sicariato contamina a las filas policiales en Los Ríos.
Qué dijo el Relator: No recibí nada que indicara que las muertes causadas por policías fuera generalizado. Pero sí se da y han muerto personas por tortura o a balazos durante operativos de la fuerza pública. Algunos sospechosos han sido asesinados por policías, cuando solo tenían que capturarlos. Se ha encontrado agentes involucrados en casos de sicariato. El Ministerio de Gobierno dio información sobre 27 personas cuya muerte habían causado policías entre el 2000 y el 2009. Hay pocos indicios de que el departamento de Asuntos Internos de la Policía pueda operar de manera independiente o eficaz a la hora de investigar graves alegaciones de mala conducta por parte de oficiales de alto rango.
20 de junio del 2010
Este Diario publicó que en el país, los usureros operan con una completa red criminal.
Qué dijo el Relator: Los grupos de sicarios altamente profesionales pueden ser usados, por ejemplo, por sofisticados grupos de crimen organizado. Se considera en gran medida que son los usureros o también llamados chulqueros los principales empleadores de sicarios. Los individuos que no pueden obtener préstamos de bancos y otras instituciones recurren a créditos de individuos que bien podrían estar lavando dinero procedente del narcotráfico y quienes cargan hasta un 10% de interés por día. Cuando el pago se torna difícil, los chulqueros se encargan de dar un escarmiento violento o muerte a los deudores, algunas veces usando a menores de edad en calidad de cobradores.
8 de julio del 2010
Este Diario informó que en 9 años, la impunidad envuelve a 952 asesinatos en Sucumbíos.
Qué dijo el Relator: Es claro que el conflicto colombiano se ha desbordado hacia Ecuador. En Sucumbíos y en Esmeraldas los ciudadanos están sujetos a presiones y abusos de grupos armados irregulares, como las FARC de Colombia, ex paramilitares y narcotraficantes. Las personas que viven en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo, en Sucumbíos, están atrapadas entre las demandas de grupos armados en competencia. Cuando el Ejército de Colombia empuja a los ilegales hacia zonas remotas, los flujos de refugiados a Ecuador también se incrementan. Autoridades de Gobierno me informaron de altas tasas de asesinatos en Esmeraldas y Sucumbíos. Son 100 casos por 100 000 habitantes.
Infografía
La mayoría de abusos a los DD.HH. se cometió en el período de León Febres Cordero.
Revise la infográfia completa
Fuente: Comisión de la verdad / El Comercio
