La
GIZ - proyecto PRODEM - está interesada en contratar a una / un
consultor/a para construir la línea de base y el sistema de monitoreo
del proyecto. Aquí encuentran los TdR de esta consultoría y la
documentación del proyecto.
Las y los interesados deberán enviarnos su propuesta técnica y económica, hasta el 26 de mayo del año en curso.
Proyecto PRODEM
(DCI-MIGR/2012/282-598)
Antecedentes
GIZ en Ecuador firmó el contrato de subvención con la Comunidad Europea
(DCI-MIGR/2012/282-598) para la implementación del Proyecto PRODEM
“Fortalecimiento de la capacidad de países andinos, específicamente de Ecuador
y Colombia, en materia de migración y asilo” - Protección de Derechos de Personas en Movilidad Humana.
Para este fin, se formó una sociedad
entre la GIZ como beneficiario del contrato de subvención y las ONGs: Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el Servicio Jesuita a Refugiados
Ecuador (SUJR) y la Fundación Esperanza. Lo estipulado en el contrato de
subvención es obligatorio tanto para la GIZ como para los socios.
Este contrato entró en vigencia el 15 de enero
de 2013 y tiene una vigencia de 36 meses. Como parte del contrato están los
anexos sobre la descripción del proyecto, el marco lógico y el presupuesto,
entre otros documentos.
Objetivos de la consultoría
El propósito fundamental de la consultoría es
elaborar dos productos:
1. una línea de base del proyecto PRODEM
cuyos objetivos, resultados, acciones y procesos se desprenden del contrato de
subvención; y
2. un sistema de monitoreo y seguimiento,
basado en herramientas prácticas sobre los
objetivos, resultados, acciones y procesos.
Producto
uno: línea de base
Entendemos como línea de base la situación
inicial del Proyecto PRODEM, o sea la situación antes del 15 de enero de 2013,
tanto del objetivo general, del objetivo específico y de los resultados
esperados del proyecto PRODEM. Adicional, el proyecto ha elaborado un documento
de planificación del año 2013 con factores del éxito para este año, de los
cuales también hay que establecer la situación inicial.
La línea de base debe permitir a GIZ como a
los socios del proyecto tener el conocimiento y una comprensión compartida de
la situación antes del arranque del proyecto y, de esta forma, permitirnos una
evaluación del impacto de nuestro proyecto.
Metodología
Para construir la línea de base se toma como
referencia los indicadores del objetivo general y del objetivo específico, así
como de los resultados 1 al 4, del marco lógico del proyecto y que constan en
el contrato de subvención. Asimismo, se tomarán los factores de éxito acordados
entre los socios, en el taller del 8 y 9 de febrero de 2013.
Para cada uno de los indicadores, se analizará
la situación antes del 15 de enero de 2013, en base a dos fuentes principales:
·
fuentes secundarias: documentos legales, publicaciones oficiales,
informes de investigaciones, reportes de prensa, principalmente; y
·
fuentes primarias: entrevistas semi-estructuradas con informantes
claves de instituciones públicas y privadas; encuestas descriptivas entre socios y aliados del proyecto.
Para este análisis, se tomará en cuenta el
listado de actores relevantes para nuestro proyecto, que consta en la memora
del taller de planificación de PRODEM, de febrero de 2013.
La o él consultor(a) deberá presentar un
borrador que será socializado con los socios del proyecto solicitándoles
comentarios y sugerencias, los que deberán ser incluidos en la versión final
del documento.
Producto
dos: sistema de monitoreo del proyecto
El sistema de monitoreo es una serie de
herramientas que permita realizar un seguimiento oportuno y adecuado de:
·
actividades planificadas,
·
procesos relevantes en marcha, y
·
de la ejecución financiera.
Los informes de monitoreo en estas tres
dimensiones, deben servir como insumos a las reuniones trimestrales del Comité
Coordinador del proyecto, con el fin de poder tomar decisiones sobre posibles
adaptaciones en la planificación del PRODEM. Además, los resultados del sistema
de monitoreo son un insumo indispensable para los informes a la UE.
El monitoreo del proyecto consiste en realizar
un seguimiento continuo a las acciones desarrolladas por el proyecto, con el
propósito de conocer como se está ejecutando o implementando. Este monitoreo de
las actividades tiene dos dimensiones: el nivel técnico y el nivel financiero.
Asimismo, el monitoreo debe incluir el seguimiento constante del contexto del
proyecto, tanto a nivel del entorno político-institucional como a nivel del
desarrollo de la sociedad entre los socios del proyecto.
Esta revisión sistemática sobre el desempeño
del Proyecto se realiza regularmente para guiar y, de ser necesario, corregir
su desarrollo. Su objetivo fundamental es el mejoramiento, ya que permitirá
conocer con determinada periodicidad ¿cuánto se ha hecho?, ¿qué se está
haciendo?, ¿qué tan bien se ha hecho o se está haciendo? ¿cómo podría
mejorarse? ¿qué no debería continuarse haciendo? o sencillamente ayudará a
identificar donde se encuentran los obstáculos que interfieren el buen
desarrollo del Proyecto.
El sistema de monitoreo nos brinda insumos
para poder contestar estas preguntas pero no emiten criterios valorativos.
Metodología
Para construir el sistema de monitoreo, en
primer lugar se define los campos que deben ser monitoreados:
·
cumplimiento de actividades (actividades realizadas, con cuáles
herramientas y metodologías, y en el cronograma previsto)
·
avance de resultados y objetivos ( a través de los indicadores)
·
ejecución financiera (recursos financieros, humanos y materiales
utilizados)
·
procesos en las tres áreas: refugio, migración laboral y trata de
personas
·
desarrollo del entorno en el campo de movilidad humana, sobre todo
en el contexto de la CAN y de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones
-2-
·
desarrollo de la capacidad institucional de los socios en los
temas del proyecto (cambios producidos en los socios que afecten o favorezcan
el desarrollo del proyecto)
·
desarrollo de la sociedad del proyecto (avances en la construcción
de los niveles de coordinación, tanto estratégico-político como práctico en el
campo)
·
avances en los factores del éxito definidos en los POAs
Tomando en cuenta estos campos, la consultoría
debe proponer los instrumentos y metodologías más adecuados para logar el
monitoreo periódico del avance del proyecto. Los tiempos del monitoreo los
definen, en primer lugar, las reuniones del Comité Coordinador y, en segundo
lugar, los informes a la Unión Europea.
Los instrumentos deben indicar los formatos prácticos
para el monitoreo, los tiempos y las responsabilidades.
La o él consultor(a) deben presentar una
propuesta del sistema de monitoreo, la misma que se presentará a los socios
para sus comentarios / sugerencias. Con estos insumos se deben ajustar los instrumentos y preparará el informe final.
Productos
esperados de la consultoría
Un documento de línea de base del proyecto
PRODEM, de un máximo de 20 páginas (Calibri 11, espacio 1 ½, márgenes normales,
formato A 4), en forma electrónica, más posibles anexos.
Un documento de sistema de monitoreo del
proyecto PRODEM, con sus instrumentos y formatos, presentado en forma
electrónica.
Tiempos
La consultoría se realizará en un tiempo
máximo de 30 días, a partir de la firma del contrato.
Pagos
Los honorarios se rigen por la tabla de la GIZ
para consultorías de este tipo. Los pagos serán un 30% de anticipo a la firma
del contrato, el 40% a la entrega y aceptación del borrador del producto y el
restante 30% a la entrega y aceptación del producto final.
Supervisión
La o él consultor(a) desarrollará sus
actividades bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto PRODEM, con el
cual se tendrán reuniones semanales sobre el avance del trabajo.
Requerimientos
para la contratación.
Hoja de vida que exponga la experiencia en la
temática de la consultoría.
Las / los candidatas/os deberán tener
experiencia en la elaboración de líneas
de base y en la construcción de sistemas de monitoreo y seguimiento de
proyectos. Experiencias con proyectos financiados
por la UE y/o conocimiento del trabajo de GIZ serán un plus. Deseable será
conocimiento de proyectos en asocio para la implementación.
Es indispensable que las/los candidatas/os
tengan conocimiento de la problemática del proyecto PRODEM. (Vea anexo:
documento de proyecto)
Las / los candidatas/os deberán presentar una propuesta técnica y
económica.
Las propuestas
deberán entregarse hasta el 26 de mayo 2013, a las siguientes direcciones
electrónicas: Ralf.Oetzel@giz.de y/o Luisa.Guerrero@giz.de
PROYECTO PRODEM:
1. DESCRIPTION
La movilidad humana en
la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) entre Ecuador y Colombia[1] se ha convertida en un punto
crítico, desde varios ángulos. Ecuador es un país que expulsa migrantes, pero
que al mismo tiempo recibe a un número significante de inmigrantes y de
personas con necesidad de protección internacional y, al mismo tiempo, registra
desplazamiento de personas en el país, sea de manera voluntaria o forzada. En
este contexto, también se encuentran las víctimas de tráfico ilícito de
migrantes y de la trata de personas.[2] Colombia registra entre 4 y 5
millones de personas desplazadas dentro de su territorio y un total de medio
millón de refugiados
Según datos de la Policía de Migración del Ecuador, el saldo migratorio
acumulado entre 2001 hasta finales de 2010 es más de 1.300.000 personas
extranjeras. De estas personas, menos del seis por ciento solicitan el censo
migratorio, es decir buscan regularizar su situación migratoria. De eso se desprende
que existen alrededor de un millón doscientas mil personas extranjeras sin visa
en el Ecuador.[3] La mitad de estas personas son ciudadanos colombianos (unos 600.000).
En la ZIF se han
generado condiciones de violencia que han obligado al desplazamiento de
población, entre las que se encuentran un escenario de inseguridad
generalizada, amenazas directas contra la libertad y la vida, amenazas contra
la propiedad privada, extorsión, sicariato, asesinato de líderes comunitarios,
secuestro, entre otras. Esta situación crítica y poca conocida tanto en Ecuador
como en Colombia, afecta en especial medida a nacionalidades indígenas
transfronterizas, a mujeres y a los niños.
En Ecuador existen
formas poco accesibles para que personas en condición de movilidad humana puedan
regularizar su estancia en el país. Existe cierta facilidad para ingresar al
país, pero no para obtener un visado para permanecer de manera regular, lo que
ha provocado el aumento de personas en situación irregular, con riesgo a ser
detenidas y sometidas a procesos de deportación, hechos que incluyen a personas
que han solicitado el refugio, lo que violenta el principio de no devolución de
las personas que requieren protección internacional y pone en riesgo la vida e
integridad de estas personas. Según la Constitución no debería existir
discriminación por condición migratoria, pero las personas en condición
migratoria irregular quedan en una situación de alta vulnerabilidad. Por tal
razón, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas, ha solicitado al
Gobierno ecuatoriano información acerca del avance en el proceso de elaboración
y aprobación de la Ley de Movilidad Humana.[4]
La Defensoría del Pueblo y
actores de la sociedad civil elaboraron el “Informe de verificación sobre las
condiciones de detención de personas privadas de la libertad en el marco de
operativos de identificación de irregulares, en la ciudad de Quito”[5], en el que se constata que se
atentó contra los derechos de las personas detenidas por su situación
migratoria, entre las cuales se encontraban personas refugiadas y víctimas de
trata y tráfico illegal de migrantes, y que estas detenciones son arbitrarias e
inconstitucionales en tanto los procesos de detención y deportación son
contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Frente a esta situación se ha
definido como objetivo general de la
acción “garantizar el respeto de los derechos de los migrantes en la región
andina”, teniendo como indicador que “los países andinos han tomado medidas
concretas para la implementación de las recomendaciones de la Conferencia
Sudamericana de Migraciones”, especialmente en relación al Plan Sudamericano de
Desarrollo Humano de las Migraciones.
El objetivo específico de la acción es “fortalecer la capacidad de
Ecuador y Colombia de implementar las recomendaciones y decisiones de entidades
de la región andina en materia de protección de migrantes, garantía de los
derechos de refugiados y solicitantes de asilo, y acciones contra la trata y
tráfico de personas”, teniendo como indicadores la aplicación de Decisiones
(545 y 548) de la CAN, la mejoría de la percepción de personas en movilidad
humana acerca del respeto de sus derechos en la ZIF y que las autoridades de
Ecuador y Colombia incluyen la trata en su agenda de políticas públicas y
modernizan la legislación respectiva.
Con la presente acción, se
contribuirá tanto a la protección como la asistencia directa de la población
refugiada y solicitante de refugio en la zona de integración entre Ecuador y
Colombia, a la defensa de los derechos de mujeres víctimas de trata de personas
- para explotación sexual y laboral -, uno de los grupos más vulnerables, y a
la regularización de las y los trabajadores migrantes en la zona andina. Las
autoridades de los dos países tendrán más capacidad para poder implementar sus
propias decisiones y tenrán más conciencia acerca de nuevos temas como son las
consecuencias del cambio climático para la movilidad humana en la región.
Para contribuir a los objetivos
formulados, las organizaciones que presentan como solicitante y como socio esta
acción han formulados cuatro resultados con sus respectivos indicadores:
Resultado 1(R1): Entorno favorable y propuestas para implementar las recomendaciones
regionales (en especial la sudamericana) en protección de migrantes en la zona
de integración fronteriza(ZIF) de Colombia y Ecuador.
Indicadores:
a) Por lo menos 3 espacios de concertación en la ZIF (Ecuador y Colombia) entre
organizaciones de la sociedad civil (organizaciones de base) y gobiernos
locales generan propuestas con enfoque de género ante las autoridades
competentes para la implementación de decisiones regionales. b) Propuestas
generadas con enfoque de género por los espacios de concertación, son tratadas
en la Comisión de Vecindad Ecuador-Colombia, con la participación de
representantes de la sociedad civil, especialmente de la población afectada por
las decisiones y recomendaciones en materia migratoria, y los gobiernos locales
en la ZIF. c) El 90% de las propuestas elaboradas en los espacios de
concertación, han sido difundidas por los medios de comunicación, a nivel
binacional.
Las actividades de este resultado están dividas en los ámbitos de: a) implementación de
Decisiones de la CAN, b) fortalecimiento de capacidades, c) atención directa a
la población meta y d) comunicación.
Ámbito
Decisiones de la CAN:
R1.A1. Hacer un foro
binacional entre instituciones y sociedad civil, para la reflexión y el
posicionamiento de las decisiones 545 y 548 de la CAN respecto a la protección
de migrantes y para elaborar propuestas que integren las necesidades y demandas
tanto de la sociedad civil cuanto de las instituciones, orientando a la
incidencia política en aspectos de legislación y exigibilidad. (Fundación
Esperanza)
En el foro habrá
una participación significativa de miembros de instituciones encargadas de la
implementación directa de las decisiones, o sea Ministerios de Relaciones
Exteriores, Programas o ministerios de Migraciones, Secretaria General de la
CAN, Parlamento Andino, Institutos Nacionales de Estadística, Ministerios de
Trabajo, Ministerios de Protección y seguridad Social, Instituciones de
Infancia y Familia, Autoridades locales y nacionales, Parlamentos Nacionales,
Autoridades migratorias. La participación será además de miembros de
organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de movilidad humana,
qué serán involucrados desde el proceso de planeación hasta la participación
directa en el foro. La metodología pretende que haya también una alta
participación de otros colectivos de la sociedad civil y sectores académicos,
asociaciones de migrantes y retornados, y funcionarios públicos de las
siguientes instituciones. Las conclusiones de este foro binacional serán
socializadas entre todos los participantes, y constituirán una herramienta
clave para incidir en política pública migratoria a nivel nacional y
binacional.
R1.A2. Realizar dos conversatorios interactivos
binacionales (uno en el bloque territorial de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y
Nariño; el otro en el bloque territorial de Sucumbíos, Orellana y Putumayo)
entre organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos sobre las
decisiones 545 y 548, cuyas conclusiones servirán da insumos para elaborar
propuestas y sugerencias en la aplicación concreta de las decisiones.
(Fundación Esperanza)
Una
vez posicionado las Decisiones andinas 545 y 548, será abordado de manera más
específica la cuestión de dichas Decisiones de la CAN, a través de dos
conversatorios binacionales entre los mismos funcionarios y sociedad civil,
para que las cuestiones planteadas en el antecedente foro sean profundizadas y
analizadas puntualmente. Los dos conversatorios se realizarán en dos bloques
fronterizos distintos, agrupados por área geográfica: Esmeraldas, Carchi,
Imbabura y Nariño por un lado, y Sucumbíos, Orellana y Putumayo por el otro
lado.
La
metodología escogida es la de un conversatorio interactivo que vaya más allá de
un simple taller de capacitación, sino que logre capacitar y formar puntualmente
los participantes a través de los mismos, para que no sea una formación
jerárquicamente orientada desde arriba, sino construida por la misma población
meta. Una vez que miembros de la sociedad civil y funcionarios públicos estén
más al día con las Decisiones andinas objeto de los conversatorio, podrán
elaborar propuestas, preguntas y sugerencias qué constituirán otra herramienta
fundamental para hacer cabildeo e incidencia en política pública migratoria a
nivel nacional y binacional.
R1.A3. Hacer actividades de seguimiento, control social y
exigibilidad (acciones de cumplimiento, derechos de petición, acciones de
amparo o tutela, entre otras) ante los gobiernos de Ecuador y Colombia para que
apliquen las Decisiones de la CAN 545 y 548 que se han formulado en relación
con asuntos migratorios (migración laboral, asistencia y protección consular) y
las integren a las políticas nacionales sobre migración y movilidad humana.
(Fundación Esperanza)
Cada país miembro
de la CAN debe aplicar las Normas de carácter andino que en su seno son
tomadas, no obstante, algunos
gobiernos no ponen en práctica
dichos acuerdos y compromisos. Esta actividad
pretende que a nivel de cada país, se desarrollen acciones de monitoreo
(veeduría), control social y exigibilidad para que los gobiernos implementen
las Decisiones andinas en materia migratoria. Para ello se formularán
mecanismos de seguimiento y de exigibilidad
que se irán validando con las redes, colectivos, coaliciones, demás
formas organizativas de la sociedad civil, asociaciones de migrantes y
retornados y sectores académicos.
Se definirán los
criterios de acción y las reglas de juego para el cabildeo que se adelante en
las entidades públicas que tengan que
ver con las migraciones, asuntos laborales y consulados, para que las
decisiones de la CAN sean correctamente aplicadas y tengan mayor legitimidad y
apoyo.
Así mismo se tendrá
una estrategia de difusión con medios de comunicación buscando la efectividad
del cabildeo. Por otro lado, se buscará
la realización de audiencias públicas o escenarios afines, para lograr
participación ciudadana y tener mayor impacto. Finalmente, se hará revisión y
evaluación periódica de acciones y estrategias para determinar debilidades,
dificultades, avances y así poder realizar ajustes pertinentes.
Ámbito fortalecimiento de capacidades:
R1.A4. Capacitación a autoridades y técnicos de gobiernos
locales en manejo político, jurídico y técnico de temas migración, refugio y
trata, según las competencias asignadas, en la ZIF. (GIZ)
Las autoridades locales de la
ZIF participarán más activamente durante los próximos años en la Comisión de
Vecindad, donde la problemática de la movilidad humana forma parte de la
agenda. Además, los territorios de los gobiernos locales en la zona fronteriza,
son los más afectados por los efectos de refugio y la trata los que ejercen
presión sobre los servicios básicos y seguridad ciudadana, de competencia de
los gobiernos locales.
Las capacitaciones
planificadas tienen como objetivo de que autoridades y técnicos de los
gobiernos locales en la ZIF tengan conciencia de la problemática, conozcan las
normativas legales existentes y sus mandatos al respecto.
R1.A5.Tres encuentros (uno por zonas: pacífico, sierra y
Amazonía) entre los Gobiernos locales de la ZIF para acordar posibles acciones
conjuntas en torno a la movilidad humana. (GIZ)
Estos encuentros se
desarrollarán sobre la base de los resultados de las capacitaciones y tienen
como objetivo definir posibles acciones conjuntas en materia de movilidad humana,
como información mutua sobre nuevas tendencias de flujo de migraciones,
actividades de protección de víctimas y de prevención a ser incluidas en sus
respetivos planes de desarrollo.
R1.A6. Desarrollar de un curso virtual acerca de
transformación de conflicto, prevención de crisis y acción sin daño. (GIZ)
La actividad comprende la
capacitación (a través de una plataforma web ya constituida y en
funcionamiento, INFOMIGRANTE) en Transformación de Conflictos, bajo una malla
curricular que comprende, (1) herramientas de análisis de conflictos, (2)
conflictos de Poder, (3) métodos alternativos de gestión de conflictos
(diálogo, negociación y mediación) y (4) acción sin daño (Do No Harm),
considerando como transversal el (5) enfoque de interculturalidad.
Se consideran dos componentes;
capacitación interactiva y la auto capacitación. La primera comprenderá una
carga horaria que habilite una certificación sustentada en la carga horaria. La
segunda, al ser auto gestionada comprende un reconocimiento de haber completado
los formularios de evaluación en línea.
En ambos casos se hará uso
completo de la plataforma la que será administrada y gestionada por el
facilitador, que a su vez se encargará del monitoreo y generación de evidencia
del avance de los estudiantes.
Ámbito de atención directa:
R1.A7. Realizar un programa piloto sobre juventud,
interculturalidad y comunicación, en las ciudades de Cuenca, Quito, y Piales y
Tulcán (consideradas bloque único), para combatir la discriminación y la
xenofobia, impulsando procesos interculturales entre la población de diversas
orígenes nacionales. (Fundación Esperanza)
Para que la incidencia política y el cabildeo sean
efectivos, es importante que el entorno no solo político sea favorable. Por
esta razón se replicará un programa piloto cuya experiencia ha sido positiva en
otras ciudades, la de Quito y las de Piales y Tulcán de manera conjunta. Se
trata de un proceso que se desarrolla en Cuenca hace tres años, donde los
protagonistas son los jóvenes de Cuenca y
ahora quiere extenderse a colegios cuya mayoría son jóvenes de
diferentes orígenes nacionales. Extender estos procesos a ciudades cuyos
colegios vean la presencia de jóvenes provenientes de diferentes países,
significa aumentar el conocimiento paritario entre los jóvenes, para que se
instaure un clima positivo intercultural y se reduzcan las discriminaciones y
las actitudes xenófobas existentes en relación a los migrantes. Además la zona
fronteriza de Piales y Túlcan necesita un esfuerzo masivo para erradicar las
discriminaciones existentes respecto a la condición de migrante.
Trabajar a favor de los jóvenes significa invertir en el
futuro de la sociedad, y es por eso que la creación y difusión de un programa
de comunicación radial ayuda la sensibilización. Se trata, además, de programas
que se basan sobre talleres y capacitaciones que los formadores de los
distintos grupos de jóvenes harán sobre la movilidad humana y la migración, de
tal manera sensibilizando a los posibles riesgos y oportunidades de la
movilidad humana, favoreciendo una mayor consciencia de la migración. Esta
actividad de prevención de los riesgos constituirá un verdadero empoderamiento
que se difundirá a través de estos grupos juveniles, que actuarán de agentes
multiplicadores con otros jóvenes y adolescentes.
R1.A8.
Fortalecer el consultorio jurídico y social andino de migraciones, con asesorías y orientación virtual en aspectos
sociales y jurídicos a población en contextos migratorios, a través del chat,
skype y call center, para responder por lo menos a 8.000 consultas. (Fundación
Esperanza)
Esta actividad
permitirá que profesionales en derecho y ciencias sociales brinden información
oportuna y confiable respecto a derechos de los migrantes, remisión a
instituciones de apoyo frente a necesidades relacionadas con el tema,
información sobre trámites relacionados con proyectos migratorios para mitigar
riesgos y hacer énfasis sobre las responsabilidades que se asumen al migrar,
consultas sobre aspectos jurídicos y sociales de migrantes o potenciales
migrantes, entre otros. Este consultorio
contiene varias herramientas para facilitar un mayor acceso como la página web
www.infomigrante.org., chat en linea, Skype; en caso tal de que alguna persona
no pueda acceder a través de internet, existe la alternativa del Call
Center para que acudan a ella. Es
importante destacar que esta actividad complementa el sistema SAMI y el Sistema
de Atención al Migrante, descritos más adelante.
R.1.A.9. Capacitar a 30 organizaciones de base a nivel nacional en un
proceso de 6 talleres denominado Escuela de Ciudadanía para mejorar su
participación en generación de propuestas de integración en su entorno. (SJRM)
El proyecto de “Escuela de
Ciudadanía” es un espacio formativo y de construcción de
participación política de las organizaciones de base en contexto de Movilidad
Humana (asociaciones de refugiados, desplazados, migrantes y familiares de
migrantes), con las que ha venido trabajando el SJRM de cara a propiciar su
protagonismo y empoderamiento. A la vez que se pretende mejorar significativamente
el acceso a conocimientos y herramientas organizativas y de análisis, sobre la
base del aprendizaje interactivo y práctico, se quiere construir nuevos
espacios de participación, de concertación y de articulación de propuestas
entre los diversos actores beneficiarios de la Escuela. La escuela de
ciudadanía contará con la participación de 30 comunidades de base,
representadas por dos miembros cada comunidad.
El tema transversal a toda la escuela serán los Derechos Humanos, sin
embargo los módulos específicos se irán desarrollando en función de las
peticiones y necesidades de los asistentes. La formación se realizará a lo
largo de ocho talleres presenciales de dos días de duración, con el objetivo de
mejorar el nivel de
conocimiento comunitario permitiendo elevar el grado de exigibilidad de la
comunidad en el cabal ejercicio de estos derechos. Otro tema es la reafirmación
de las identidades, partiendo de la revalorización cultural y la recuperación
de los elementos simbólicos propios de su realidad. Las mimas organizaciones
participantes serán los responsables en redimensionar au propio trabjo con un
contenido integral e integrador de Derechos Humanos en las actividades
cotidianas de las organizaciones y de las instancias locales.
R1.A10. Acompañar a 30
organizaciones de base participantes y no del proceso de Escuela de
Ciudadanía, para que fortalezcan sus
procesos organizativos y mejoren las condiciones de su entorno. (SJRM)
Los técnicos del SJR acompañaran tanto a
las instituciones pertenecientes a la escuela como a otras
organizaciones de base que por diversos motivos no puedan asistir a la escuela
pero que necesiten y soliciten la presencia formativa del SJR para el
fortalecimiento de sus comunidades.
Estos acompañamientos tendrán como objetivo que las organizaciones en su
totalidad y dentro de sus contextos, fortalezcan su protagonismo mediante la construcción de
conocimientos, viabilización de lo político-organizativo y lo
técnico-metodológico, posibilitándoles la articulación de redes para potenciar
sus prácticas y sus organizaciones.
Los acompañamientos harán un seguimiento de la implementación o formación sobre los diversos mecanismos de
participación a fin de generar una mejor relación de las organizaciones con la
institucionalidad pública, privada y con
la sociedad civil.
R1.A.11. Brindar atención directa a NNA para facilitar su ingreso y
permanencia en el sistema educativo ecuatoriano en la ZIF. (SJRM)
La atención educativa irá dirigida a la inserción de los niños, niñas y
adolescentes en el contexto educativo. Así mismo comprenderá el seguimiento de
estos niños, niñas y adolescentes en el marco educativo para mediar sobre los
posibles conflictos que pudiesen aparecer, a fin de garantizar la permanencia y
aprovechamiento de los mismos durante la etapa educativa.
Dentro de la funciones a realizar por el técnico de inserción educativa
estará la labor de información, cupos escolares, acompañamiento para la búsqueda de solución
ante problemáticas, suscitadas por cuestiones de adaptación no resuelta, en los
centros educativos, documentación incompleta, etc.
Otro de los trabajos fundamentales del técnico será la identificación y
posible remediación en materia de regulación de procedimientos para el ingreso
al sistema educativo, ya que en la actualidad existen vacíos aún después de
creado el acuerdo ministerial 337 (que regula el acceso y permanencia a los
centros educativos de niñas, niños y adolescentes extranjeros y extranjeras que
requieren atención prioritaria por su condición migratoria) mismo que ni los
directores de la mayoría de centros educativos conocen.
Relacionado con lo anterior, el SJR elaborará procesos de capacitación
acerca del acceso al sistema educativo de NNA en movilidad humana, tanto en
zonas urbanas, urbano marginales, zonas rurales y en especial en Zona Inter
Fronteriza (ZIF), a padres y madres de familia, niños, niñas y adolescentes,
profesores, profesoras y autoridades educativas.
R1.A12. Brindar Atención Psicológica
directa a población en la ZIF
Dentro del proyecto realizarán
intervenciones psicológicas individuales a población
especialmente de ZIF. La atención se hará dentro de cuatro grandes espacios. El
primero, corresponde a la intervención en crisis, el segundo es un proceso que
apunta hacia la preparación de testimonios para entrevistas de solicitud de
refugio o apelaciones, el tercero es un proceso de orientación en diversas
temáticas, y el cuarto es el proceso terapéutico en sí.
En el primer escenario, el objetivo será contener psicológicamente a la
persona que ha vivido un evento traumático, promover la catarsis y mediar con
el objetivo de que la persona se pueda proyectar a un futuro inmediato.
En el segundo escenario, será la preparación de los testimonios, tratando
de que la persona ordene temporalmente el testimonio respecto a un hecho
traumático, filtrar información que no es relevante para el testimonio y
preparar a la persona para una entrevista.
El tercer escenario de orientación pretenderá orientar a las personas en
distintos aspectos ligados a adaptación a nueva sociedad, medidas que se pueden
tomar (trámites, contactos, actitudes), etc.
El cuarto escenario del proceso terapéutico, perseguirá permitir que la
persona resignifique sucesos anteriores, a partir del uso de técnicas y
herramientas psicoterapéuticas y mediar entre el conflicto psíquico y el
estado de la persona.
R1.A13.
Consolidar el Sistema de Atención al Migrante a nivel binacional, fortaleciendo
la plataforma virtual de información de
www.infomigrante.org y
www.redandinademigraciones.org, para recibir por lo menos 1.000.000 visitas.
(Fundación Esperanza)
Para complementar el
fortalecimiento del Consultorio Jurídico se encuentra una herramienta: la
plataforma virtual, tecnología utilizada para generar procesos de información,
orientación y atención a población en contextos migratorios por medio de
internet. El Sistema de Atención al Migrante (descrito de manera amplia más
arriba) actualmente cuenta con esa plataforma, y para su consolidación a nivel
andino, será necesario revisar y ampliar sus contenidos y técnicas incorporadas
para procurar una mayor eficacia en la acción, ampliación de cobertura y mejor
impacto en la prestación del servicio.
Esta herramienta de interacción permitirá trascender
fronteras para llegar a un número mayor de usuarios de países miembros de la
CAN ubicados en cualquier lugar del mundo,
más teniendo en cuenta que el acceso a las TIC es cada vez mayor.
Ámbito de comunicación:
R1.A14. Producción y difusión de productos comunicacionales para
televisión /radio/prensa/internet a nivel nacional y local en la ZIF, acerca de
los temas del proyecto. (GIZ)
Los contenidos de los distintos
productos comunicacionales serán definidos en el Comité Coordinador del
proyecto, en común acuerdo entre la GIZ y los socios. La meta de esta actividad
es haver visible la problemática de la población que vive en condición de
movilidad humana, sensibilizar a autoridades y la población en general,
promover el cumplimiento de derechos de la población meta, promover espacio de
articulación de los intereses de la población meta y de los distintos actors
vinculados y generar diálogos entre las partes.
Se producirá una secuencia de al
menos 5 spots de TV y 5 de radio, 6 afiches temáticos, 3 mapas interactivos, 2
incertos de prensa (uno en Ecuador, uno en Colombia), una radioserie, debates
públicos entre autoridades y población
meta, pautaje con los medios para la difusión de los productos, como parte de
por menos dos campañas publicitarias con enfoque binacional.
R1.A15. Fortalecer la red de reporteros de paz en la región
norte del Ecuador y fomentar la ampliación a nivel binacional, incluyendo a las
y los voceros institucionales. (GIZ)
Actualmente existe una incipiente
Red de Reporteros de Paz liderada por la Universidad Católica, sede Ibarra, con
base en la formación de periodista de la Frontera Norte del Ecuador que
mantiene una plataforma virtual de intercambio de información y difusión
permanente. El fortalecimiento de este espacio permitirá incluir en los
productos periodísticos temas relacionados a la violencia de género, migración,
refugio, trata y otros.
Se fomentará la calidad de
diferentes generos periodísticos a través de capacitaciones, intercambios,
pasantías, concursos, encuentros entre periodístas y dueños de medios, voceros
de instituciones y estudiantes de la carrera de comunicación, apoyar la
plataforma existente de la Universidad Católica, entre otros.
Se realizarán tres encuentros
entre la Red de Reporteros por la Pz del Ecuador con sus homólogos en la parte
sur de Colombia buscando una vinculación más estructurada entre las partes,
incluyendo la relación con la Universidad Javeriana en Nariño, Colombia.
Además, se incentivará el nexo de estas redes con el Observatorio y Grupo de
Investigación sobre Migración y Comunicación de la Universidad Autónoma de
Barcelona, España, u otros espacios similares de Europa.
Resultado 2:
Capacidades de las autoridades fortalecidas para garantizar los derechos de
refugiados y solicitantes de asilo en la región fronteriza entre Ecuador y
Colombia.
Este resultado se relaciona
directamente a fortalecer la protección de refugiados y solicitantes de refugio,
y garantizar sus derechos, con el fin de contribuir a su integración y combatir
expresiones de rechazo y de xenofobia.
Durante el 2011, aproximadamente 259.146 personas
(cerca de 70.039
familias) fueron desplazadas en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2011, un promedio de 710 personas
por día llegaron desplazadas a 805 municipios
de los 32 departamentos del
país. Si bien la mayoría de
los desplazamientos masivos durante 2011 fueron ocasionados, según el monitoreo
de CODHES, por las dinámicas alrededor de la confrontación armada entre las
FARC y la fuerza pública, no se pueden desconocer otros matices causales[6] de la crisis humanitaria. En
este sentido, los grupos post-desmovilización - GPD[7] tales como Los Rastrojos,
las Águilas Negras, Los Paisas y el ERPAC, son los siguientes mayores
generadores de eventos de desplazamiento forzado en Colombia, de acuerdo con la
información registrada en 2011.
Con estos resultados CODHES[8] calcula que entre el primero de
enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2011, se han producido alrededor de 5.445.406 desplazamientos
de personas en Colombia. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública
sobre Desplazamiento Forzado, en lo últimos 14 años, el 90% de los grupos
familiares se han desplazado una sola vez, mientras que el 7% se han desplazado
dos veces y el 1% lo ha hecho tres o más veces (Comisión de Seguimiento a la
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2011, p. 39).
Según
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
existen 395.577 personas de
nacionalidad colombiana refugiadas en diferentes países del mundo, de ellas
sólo el 28,6% han sido
reconocidas (113.233) y el 71,4% (282.344)
se encuentran en condiciones similares al refugio, en necesidad de protección
internacional, pendientes de aceptación o sin estatus reconocido. El 47,9% se
encuentra en Ecuador (54.243 a diciembre de 2011), el 52% restante se encuentra
en países como Estados Unidos (33.455 en 2010), Canadá (16.054 en 2010), Costa
Rica (10.279 en junio 2011), entre otros.
En el Ecuador, durante
el año 2011, un total 13.198 personas
colombianas se presentaron como solicitantes de la condición de refugio, 10.323 fueron aceptadas a trámite por
la Dirección de Refugio (DR) de Ecuador, de las cuales 2.652 fueron reconocidas como refugiadas (el 53,2% corresponde a
hombres y el 47,8% a mujeres).
Los
lugares de procedencia de las personas refugiadas en Ecuador, abarcan casi
todos los departamentos de Colombia, sin embargo provienen en su mayoría de
departamentos fronterizos, del suroccidente, noroccidente, de la costa pacífica
colombiana y del eje cafetero, lugares en los cuales hoy se produce una intensificación
del conflicto armado, disputas territoriales de diferentes actores armados,
reactivación de frentes guerrilleros y una fuerte expansión de nuevos grupos
paramilitares.
A
diferencia de los medios colombianos, en donde el refugio es un tema invisible,
los medios de comunicación ecuatorianos lo registran con mayor frecuencia en
diferentes noticias. Sin embargo, a pesar de la aparición recurrente del mismo,
existe una clara tendencia a reforzar la percepción negativa sobre este
fenómeno en el país, a través de un inadecuado manejo de la información y las
fuentes, pues implícitamente existe una asociación “casi natural” entre
delincuencia y refugio.
Indicadores: a) Funcionarios en la ZIF de al menos de 3 sectores (por ejemplo trabajo,
servicios migratorios, vivienda, salud, seguridad, justicia) con el mandato
para garantizar el acceso a los derechos de refugiados y solicitantes de asilo,
cuentan con más elementos técnicos, jurídicos y político para garantizar un
mejor servicio diferenciado frente a necesidades y demandas de género. b) En la
ZIF se han creado por lo menos 4 mecanismos de negociación entre los
beneficiarios y las autoridades competentes para acordar soluciones
diferenciadas, según condición de género, a violaciones puntuales de derechos de
personas con necesidad de protección internacional. c) Existen por lo menos 6
ejemplos positivos de integración de refugiados y solicitantes de refugio, así
como de desplazados internos en dinámicas de desarrollo locales en la ZIF.
Las actividades de este resultado hemos dividas en los ámbitos de: a) investigación y b) fortalecimiento
de capacidades. Contenidos de este resultado se incluirán en los productos
comunicacionales del resultado 1.
Ambito de investigación:
R2.A1. Elaborar 3 estudios del
perfil sociodemográfico de la población atendida en las oficinas del SJRM en la
ZIF para elaborar estrategias de sensibilización con autoridades locales. (SJRM)
El objetivo de estas investigaciones será el estudio del perfil
sociodemográfico de la población beneficiaria del SJR en la ZIF y las variables
que estas experimentaran a lo largo de la ejecución del proyecto. Las
investigaciones, contendrán el levantamiento de información a través de fuentes
primarias y secundarias de información, análisis de datos, elaboración de
conclusiones, diseño e impresión del producto final de las mismas y
socialización de estos documentos.
El levantamiento de información se hará de forma directa con los
beneficiaros y beneficiarias del SJR, es decir por todas las personas que son atendidas
en las oficinas de la ZIF, como de las
autoridades competentes o actores clave en el contexto cuya información pudiese
resultar relevante en la investigación. La socialización de esta documentación,
que incluirá la visibilización del financiador, se realizará en organizaciones
locales de base, organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas.
R2.A2. Elaboración y publicación de un Estudio de
caracterización (Sistema de información sobre refugiados en Ecuador) sobre el
refugio de personas de nacionalidad colombiana en Ecuador que caracterice
social y demográficamente a la población refugiada, teniendo en cuenta un
enfoque integral de derechos y enfoques
diferenciales de género, edad, etnias, discapacidad y orientación sexual. (CODHES)
El estudio
propuesto tendrá dos components: análisis de las tendencias recientes y
características básicas de la migración y el refugio en la región Andina con
énfasis en el conflicto armado y refugio en zona binacional. Eso apoya la
actualización y lectura permanente sobre la migración fronteriza, teniendo en
cuenta el conflicto armado interno en Colombia y las nuevas y más complejas
formas de violencia que emergen a su alrededor como factor principal de flujos
de refugiados y solicitantes de asilo en Ecuador. El estudio brindará elementos
de carácter general sobre migraciones forzadas (desplazamiento y refugio) y su
relación con otros hechos migratorios como la trata y tráfico de personas y la
afectación de estos fenómenos con grupos vulnerables según enfoques etéreos, de
género, etnias, discapacidad y orientación sexual. Segundo, un sistema de
información sobre el refugio de personas de nacionalidad colombiana en Ecuador
que permita crear una línea de base que sirve como referente para que las
autoridades concernidas, especialmente las de Ecuador, cuenten con información
técnicamente sustentada para la adopción de políticas públicas que aseguren
soluciones duraderas para esta población, en función de la protección y la
observación de sus derechos.
Este estudio pretende
aportar información y análisis complementarios a investigaciones existents en
Colombia y Ecuador, muchos de estos apoyados por ACNUR, entidad que sera
referente para la investigación planteada.
R2.A3. Fortalecer la capacidad de migrantes, refugiados,
desplazados colombianos que se encuentren en Ecuador, especialmente en la ZIF
vinculados en la Ley de Víctimas 1448/11 de Colombia y su reglamentación,
comprendiendo el contexto de su aplicación para víctimas en el exterior.
(CODHES)
Con esta acción se
pretende apoyar a migrantes que consideren estar insertas en el marco de la ley
1448/11 de Colombia, en la búsqueda de la garantía de sus derechos a la verdad,
justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Para ello, las
acciones propuestas involucrarán tanto a las autoridades ecuatorianas
concernidas como a la población migrante beneficiaria.
El fortalecimiento
se desarrollará a través de las siguientes acciones: i) producción y difusión
sistemática de información rigurosa y calificada sobre la situación de los
migrantes, refugiados, desplazados colombianos que se encuentren en Ecuador,
especialmente en la ZIF vinculados en la Ley de Víctimas 1448/11 de Colombia
utilizando como instrumento central para ello la página Web/plataforma Infomigrante;
ii) plan de difusión de la Ley de Víctimas 1448/11 de Colombia y su
reglamentación, comprendiendo el contexto de su aplicación para víctimas en el
exterior (se incluye en este plan la preparación de una cartilla pedagógica de
difusión y la realización de talleres con autoridades ecuatorianas y migrantes,
refugiados o desplazados, que se encuentren en Ecuador y que puedan ser
beneficiarios de la ley 1448; iii) 1
encuentro de comunidades de la ZIF en torno a esta temática; iv)
fortalecimiento de alianzas en los ámbitos nacionales y binacionales entre las
organizaciones de migrantes, refugiados o desplazados con comunidad
internacional, gobiernos y autoridades concernidas, con el propósito de
impulsar la aplicación de los estándares internacionales para la población
migrante, las resoluciones de la CAN y la legislación de Colombia y Ecuador en
esta materia; v) estudios especializados en temas de relación de migración,
refugio y/o desplazamiento con derechos/posibilidades de reparación de víctimas
colombianas en el exterior.
Ámbito de fortalecimiento de
capacidades:
R2.A4. Realizar 6 Encuentros
Binacionales con redes que trabajan en
los ejes Tumaco - San Lorenzo y Pasto - Tulcán para el fortalecimiento de las
mismas y mejora del conocimiento de autoridades sobre problemas de la ZIF. (SJRM)
Dentro del proyecto se realizaran dos encuentros binacionales, estos
encuentros tendrán un doble objetivo. El primero de ellos será reforzar las Redes del SJR y Pastorales de
Movilidad Humana que trabajan los ejes Tumaco - San Lorenzo y Pasto – Tulcá, en
Ecuador y Colombia. El otro objetivo clave, es crear un espacio en el que las
autoridades puedan conocer y vivenciar la problemática de las personas de la
ZIF, a fin de que se incluyan en el
fortalecimiento de estas redes para que se comprometan a hacer frente y dar
soluciones de forma eficaz a la problemática existente en la zona.
El Encuentro, pretende por tanto ser un espacio de comunicación y
planificación para las personas vinculadas a estas Redes y para las autoridades
competentes. Dentro de los resultados esperados en estos Encuentros estará la
elaboración de un plan estratégico de acción conjunta, que vaya en la línea de
la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la
incidencia política.
R2.A4. Construir y monitorear un
sistema de acuerdos entre población y autoridades en las provincias y
departamentos de la ZIF para dar
solución a problemas concretos para la atención de derechos de refugiados y
solicitantes. (GIZ)
En muchos casos, las violaciones a los derechos de
refugiados y solicitantes de refugio, no son producto de orientaciones
políticas, sino de desconocimiento de funcionarios locales o de procedimientos
inadecuados. Para solucionar concretamente problemas puntuales, se dirige esta
actividad.
Se busca sistematizar los derechos concretos no
cumplidos de la población con necesidad de protección internacional en las
provincias de norte de Ecuador, organizar (junto con aliados como ACNUR, ONGs,
Defensoría del Pueblo) espacios de negociación con autoridades, para encontrar
soluciones de los déficits detectados; monitorear, seguimiento y publicar los
avances.
Resultado 3:
Acciones conjuntas entre autoridades colombianas y ecuatorianas para luchar
contra la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y
laboral, en coordinación con la sociedad civil.
En la región fronteriza entre
Ecuador y Colombia, los fenómenos de trata de personas, especialmente de
mujeres colombianas para la explotación sexual, pone como necesidad urgente el
fortalecimiento de las redes de protección. Existen avances significativos de
la preocupación en este tema, por parte de autoridades ecuatorianas, sobre todo
de la Subsecretaría de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, pero
requieren apoyo en sus esfuerzos.
Esta problemática, junto con la
trata de personas para la explotación laboral, está vinculada muy estrechamente
con el flujo de refugiados porque las redes de traficantes de personas
aprovechan la situación de la población más vulnerable.
El Protocolo de Palermo[9] define a la trata de personas
como la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con el fin de
la explotación.
La definición del
tráfico de migrantes, lo encontramos en el Protocolo "contra el trafico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire" complementario a la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional el cual se define como la facilitación de la entrada ilegal de una
persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente
permanente con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de
orden material.
Según el
Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas, este fenómeno
ha alcanzado proporciones alarmantes, principalmente la explotación sexual
comercial de mujeres, niñas y niños; presentándose tanto en el cruce de
fronteras como al interior de los países. Por la complejidad del fenómeno, el
problema es reconocido por los estados nacionales y es abordado cada día más
como una agenda de las organizaciones civiles y de los académicos. Desde
entonces los países latinoamericanos se encuentran en proceso de ratificación,
elaboración de leyes y políticas públicas que combatan la Trata de Personas[10].
Ecuador registra
casi 6000 casos anuales de trata de personas, de acuerdo a un informe emitido
por la Defensoría del Pueblo en 2010. De estos el 66% de las víctimas de trata
de personas en Ecuador son mujeres, 13% son niñas y el 9% niños. Sin embargo,
las organizaciones que trabajan el tema consideran que existe un subregistro
del delito.
Indicadores: a) Al menos una red binacional contra la trata, ha sido fortalecida y es
reconocida por las autoridades de Ecuador y Colombia. b) Al menos 2 propuestas,
con enfoque de reducción de demanda y protección de víctimas, contra la trata
con fines de explotación sexual o laboral, y sus respectivos mecanismos de coordinación han sido elaborados y consensuados entre
actores claves de la ZIF
Las actividades de este resultado hemos dividas en los ámbitos de: a) fortalecimiento de capacidades
y b) atención directa de la población meta. Además el tema está incluido en la
investigación que se propone en el resultado 1. Contenidos de este resultado se
incluirán en los productos comunicacionales del resultado 1.
Ámbito de fortalecimiento de capadidades:
R3.A1. Realizar dos talleres (uno en el bloque territorial de Esmeraldas,
Carchi, Imbabura y Nariño; el otro en el bloque territorial de Sucumbíos,
Orellana y Putumayo) de capacitación sobre prevención contra la trata y
atención directa, para capacitar 150 funcionarios públicos encargados de la
aplicación en terreno de programas de prevención y atención a población
migrante y víctimas de trata en el marco de los derechos humanos. (Fundación
Esperanza)
A través de esta actividad
pretendemos contribuir a fortalecer capacidades en funcionarias y funcionarios
públicos de instituciones que tengan competencia en el tema, en aspectos de:
prevención, protección, persecución y judicialización de delitos de trata de
personas. Es importante recalcar que
esta actividad estará dirigida a las autoridades nacionales de la rama
legislativa, judicial y ejecutiva como: jueces penales, fiscales especializados,
defensores públicos, policía judicial, funcionarios administrativos,
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Programas o ministerios
de Migraciones, Secretaria General de la CAN, Parlamento Andino, Institutos
Nacionales de Estadística, Ministerios de Trabajo, Ministerios de Protección y
seguridad Social, Instituciones de Infancia y Familia, Autoridades locales y
nacionales, Parlamentos Nacionales, Autoridades migratorias, entre otros.; con
las que se podrán realizar convenios para generar sinergias o acciones
conjuntas en beneficio de la población en contextos migratorios.
Los dos talleres se realizarán en
dos bloques fronterizos distintos, agrupados por área geográfica: Esmeraldas,
Carchi, Imbabura y Nariño por un lado, y Sucumbíos, Orellana y Putumayo por el
otro lado. De esta manera se obtendrá mayor cobertura en todos los
departamentos y provincias fronterizos de intervención.
R3.A2. Realizar dos talleres (uno en el bloque territorial de Esmeraldas,
Carchi, Imbabura y Nariño; el otro en el bloque territorial de Sucumbíos,
Orellana y Putumayo) sobre prevención contra la trata y atención directa, para
capacitar 150 personas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en
prevención y atención a población migrante y víctimas de trata en el marco de
los derechos humanos. (Fundación Esperanza)
Esta actividad se complementa con
la siguiente, para contribuir a generar capacidades en organizaciones de la
sociedad civil en aspectos de prevención, protección y restitución de derechos,
relacionados a la trata de personas. Esta actividad está dirigida a aquellas
organizaciones que trabajan el tema migratorio y de movilidad humana y que no
necesariamente están capacitadas en trata de personas de manera específica.
Impulsando estos conocimientos puntuales las organizaciones que trabajan en
movilidad humana podrán reconocer eventuales casos de trata de personas que
antes no podían detectar, y direccionarlos a las instituciones u organizaciones
competentes. Este empoderamiento de las organizaciones favorecerá, además, el
mutuo apoyo y fortalecerá la solidez de alianzas y colaboraciones entre las
mismas.
Se realizarán en dos bloques
fronterizos distintos, agrupados por área geográfica: Esmeraldas, Carchi,
Imbabura y Nariño por un lado, y Sucumbíos, Orellana y Putumayo por el otro
lado. De esta manera se obtendrá mayor cobertura en todos los departamentos y
provincias fronterizos de intervención.
R3.A3. Hacer tres foros (un foro anual) entre las organizaciones que forman
parte de la Red Andina de Migraciones, para seguir el proceso de fortalecimiento
de las capacidades conjuntas de las organizaciones de la sociedad civil de la
Red respecto a temas migratorios y de trata de personas, para que se siga el
intercambio de experiencias y buenas prácticas entre organizaciones de los dos
países. (Fundación
Esperanza)
La Red Andina de Migraciones
(RAM) existe hace tres años y agrupa organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en movilidad humana. Muchas de estas organizaciones trabajan de manera
especifica el tema de trata de personas, y en los encuentros de la RAM han
expresado la voluntad de unir esfuerzos y conocimiento en el mismo tema. Debido
a las características migratorias entre los dos países, con grandes cantidades
de víctimas de trata colombianas, la dimensión binacional respecto a la RAM
asume grande importancia. Impulsar los procesos de la RAM significa contribuir
a fortalecer un tejido social solido entorno a un tema, lo de trata, que
necesita un abordaje transnacional y un enfoque de derechos. Esta importancia
es aún mayor en relación al trabajo que se desarrolla en lo largo del proyecto
en las ZIF.
Las mismas organizaciones que
forman parte de la RAM fortalecerán sus capacidades y conocimientos a través el
intercambio de buenas prácticas en relación al abordaje de los casos por parte
de las otras organizaciones.
R3.A4. Apoyo técnico a la Unidad anti trata del Ministerio del Interior
(Infotrata y mapeo georeferencial) (GIZ)
El Ministerio del Interior del
Ecuador tiene el mandato de atender el tema de la trata. Por tal razón presentó
la Agenda 2011–2013 como instrumento de planificación que contiene acciones
prioritarias para prevenir y sancionar la Trata de personas y brindar asistencia y protección a las víctimas,
las mismas que serán ejecutadas en un periodo de tres años. Así se pretende
implementar el “Plan Nacional para la Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Protección Integral a las víctimas”, articulando las acciones del
Estado, sociedad civil, cooperación internacional y sector privado.
El proyecto proporcionará al
Ministerio del Interior asistencia técnica en el fortalecimiento de la
operatividad de esta agenda, específicamente en el mapeo geosocial de la ruta
de la trata.
Ámbito de atención directa de la población meta:
R3.A5. Hacer cabildeo para seguir y fortalecer el proceso de elaboración y
formalización del Protocolo Colombo Ecuatoriano de atención integral a Víctimas
y sobrevivientes de trata de personas ante los gobiernos locales de Ecuador y
Colombia, para que se establezcan rutas claras de información, orientación y
atención a nivel binacional. (Fundación
Esperanza)
La trata de personas y el tráfico
de migrantes (principales vulneraciones de derechos humanos en contextos de
migración) son delitos de carácter transnacional, a los cuales generalmente se
les da un precario tratamiento (desde las organizaciones gubernamentales)
inclusive a nivel nacional. Esta actividad
está orientada a dar un abordaje transnacional a dichos delitos, teniendo en
cuenta que acciones de prevención, protección y persecución de estas conductas
deben implicar un trabajo conjunto y coordinado de Organizaciones Públicas y
Privadas relacionadas con el tema, de forma tal que se establezcan los
mecanismos para brindar los servicios que requieran los ciudadanos.
Ya existe una incipiente ruta y
protocolo a nivel binacional, es decir el Protocolo Colombo-Ecuatoriano de
atención integral a Víctimas y sobreviviente de trata de personas. Con esta
acción se pretende incidir políticamente a través de cabildeo para fortalecer
este Protocolo desde un punto de vista de su elaboración, validación y su
formalización ante los gobiernos locales de Ecuador y Colombia.
En este sentido las organizaciones
que han participado al proceso de construcción y los demás participantes del
proyecto del nivel gubernamental nacional e internacional, son actores clave
para su realización. De otro lado, a
través de los socios se establecerán los contactos necesarios para procurar
acciones coordinadas en aspectos de prevención, protección y persecución del
delito entre las autoridades de los países andinos.
R3.A6. Hacer actividades de seguimiento y control social ante los gobiernos
locales de Ecuador y Colombia a la implementación del Protocolo Colombo
Ecuatoriano de atención integral a Víctimas y sobrevivientes de trata de
personas. (Fundación Esperanza)
Una vez que el Protocolo
mencionado anteriormente haya sido formalizado, será necesario empezar acciones
de seguimiento y control social para la implementación del Protocolo en los
dobles sentidos relacionados tanto a la aplicación concreta del Protocolo como
a su aplicación. El seguimiento a la implementación será de apoyo para otros
eventuales aportes al Protocolo mismo, debido a nuevas situaciones que puedan
manifestarse u ocurrir respecto a la Trata.
R3.A7. Fortalecer el Sistema de Atención al Migrante (SAM), programa de
atención integral directa a víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de
migrantes y otras vulneraciones en contextos de migración. (Fundación
Esperanza)
Los beneficiarios serán todas las
personas que hayan sufrido daño físico, sexual, emocional o financiero, como
resultado de la vulneración de sus derechos en
contextos de migración y/o movilidad humana y que en razón de esta
circunstancia sea considerada como una potencial víctima o una víctima de
delitos en contextos de movilidad humana y migración. El programa de atención comprende: servicios
de salud, atención psicosocial, alojamiento, retorno a la ciudad de origen,
orientación y asesoría jurídica para la denuncia y, derivación y seguimiento
del caso (sí la víctima lo consiente). Esta atención incluye las acciones
coordinadas, con autoridades del país donde se encuentre la víctima, que conlleven
al regreso exitoso de ésta a su país de origen. Durante este proceso se
suministra información relacionada con los derechos de la víctima de acuerdo
con cada caso en particular. La atención
psicosocial incluye una valoración completa de los factores de salud, la
situación emocional y legal de la víctima. Igualmente se prevé brindar un
auxilio económico de transporte hasta que la persona llegue a su lugar de
origen. Para esto es importante contar
con los protocolos y rutas de atención definidos, porque son diversas las
instituciones que deben intervenir en el proceso (a nivel psicológico,
judicial, económico, etc.), tanto del país de origen, como de los países de
tránsito y destino.
En este proceso es fundamental
establecer alianzas con organizaciones religiosas, no gubernamentales y otras
que ayudan a brindar la atención adecuada.
Este programa de atención hará énfasis en acciones de corto plazo o
atención de emergencia.
R3.A8. Fortalecer el trabajo de la oficina del SJR Colombia en Nariño con una
persona encargada de acciones de levantamiento de información e incidencia en
la ZIF. (SJRM)
Uno de los principales factores
de los que depende el éxito en la lucha contra la trata y tráfico de personas
con fines de explotación sexual y laboral, es el fortalecimiento de las
instituciones que se encuentran ubicadas en zonas sensibles a uno u otro lado
de la frontera.
Es por esto y ante la situación
estratégica por un lado y la alta vulnerabilidad por el otro en la que se
encuentra Nariño (al suroeste de Colombia sobre la frontera con Ecuador), por
lo que desde el SJR Ecuador y con implicación a este proyecto, se ha
considerado una prioridad y responsabilidad ineludible el fortalecimiento del
trabajo en esta oficina.
Las tareas de la misma irán
enfocadas al levantamiento de información demográfica, con especial atención a
los casos de trata y tráfico de personas, a la incidencia política y pública, a
la articulación de redes y la detección de casos de vulneración de derechos.
Resultado 4:
Acciones en torno a las consecuencias del cambio climático para la migración,
la reintegración de deportados y la garantía de los derechos de migrantes
sur-sur han sido incorporadas en la agenda de las autoridades andinas.
La X Conferencia Sudamericana
sobre Migraciones (octubre 2010) incluyó en la agenda regional el tema de
“migración, medio ambiente y cambio climático”, en forma general. La acción
pretende contribuir a sensibilizar a las autoridades de la región actuar con
más dedicación frente a este fenómeno que cada año cobra más relevancia para la
región andina. Asimismo, se aportará a un evento sobre las políticas regionales
de movilidad humana.
Indicadores: a) Autoridades de Ecuador y de Colombia han sido sensibilizadas en torno a
la necesidad y pertinencia de incluir temas referentes a las consecuencias del
cambio climático para la movilidad humana en la región andina, especialmente en
Ecuador y Colombia, programas específicos de reintegración de deportados de
migrantes "ilegales" y de los derechos de migrantes sur-sur. b) Ha mejorado el
conocimiento y se ha promovido el dialogo político social entre Europa y la
región andina en materia de migración y cambio climático, retorno, migración
sur-sur y DDHH de los migrantes con enfoque de género, generacional e intercultural.
Las actividades de este resultado son todos en el ámbito de incidencia.
R4.A1. Realizar en Ecuador un Encuentro preparatorio para la
II Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de personas Desplazadas
y Refugiadas en seguimiento al Plan de Acción de México -PAM. (SJRM)
El motivo que fundamental este Encuentro es que en 2014
la Secretaría Técnica de Ecuador impulsará la conferencia regional
humanitaria.
El objetivo, durante los dos días que dure el encuentro,
será que miembros de las Organizaciones de Base, representantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Públicas y otros actores de
interés Nacional o Internacional, tengan un espacio en el que elaborar un
documento estratégico que sea incluido en los contenidos de la mencionada
Conferencia Humanitaria.
Este documento incluirá material sobre Derechos Humanos y
su vulneración. Durante el Encuentro se trabajará de forma específica la
reintegración de deportados y la garantía de los derechos de los migrantes
sur-sur .
R1.A2. Realizar en Colombia un Encuentro preparatorio
para la II Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de personas
Desplazadas y Refugiadas en seguimiento al Plan de Acción de México -PAM.
(CODHES)
El papel de la
sociedad civil como un actor importante para monitorear la situación de
desplazados y refugiados y los compromisos asumidos por los Estados, no solo ha
sido reconocido por el PAM. De hecho, fue un grupo de organizaciones (Comité de
Auspicio) quienes convocaron a la I Conferencia Regional Humanitaria. En este
contexto, se pretende que la misma sociedad civil, impulse la realización de
una II Conferencia que permita hacer seguimiento a los compromisos de los
Estados y monitoreo a la situación de migrantes, refugiados y desplazados.
Antes de llegar a
esta Conferencia es necesario realizar acciones preparatorias como el encuentro
que se propone y que se realizará en Colombia. En este escenario, entrarán en
juego los avances del proyecto, especialmente de la investigación propuesta, que incidirá en
generar un debate público en torno a la protección de las personas obligadas a
migrar en la región andina, reconocer su existencia y promover sus derechos.
Este encuentro permitirá avanzar en diferentes escenarios: i) Fortalecer procesos regionales de interlocución sobre el
tema de refugio y desplazamiento, ii)
intercambio de información sobre la protección de personas migrantes,
desplazadas y refugiadas en la región, iii) incidencia ante los organismos
respectivos por las soluciones duraderas para las personas desplazadas y
refugiadas regionales así como posicionar en las agendas públicas el
seguimiento al PAM, y los debates sobre los nuevos contextos de las migraciones
forzadas. Esta actividad será impulsada por la Secretaría Técnica inserta en
esta propuesta.
R4.A3. Investigacion
sobre economía extractivista, cambio climático y sus consecuencias para la
movilidad humana. (GIZ)
Con el avance del cambio
climático antropogénico la movilidad humana obtendrá cada vez más importancia,
es casi seguro que el número de desplazados en la ZIF y en toda la región
andina aumentará. El cambio climático es un estrés adicional que potenciará las
amenazas ya existentes sobre los ecosistemas frágiles en la región fronteriza,
como por ejemplo el desbosque acelerado principalmente por monocultivos, la
contaminación de suelos y agua por la aplicación de pesticidas y fertilizantes
en los monocultivos, la devastación y contaminación del terreno por la minería
artesanal y el destierro de la población local.
Con el aumento del número de
desplazados en la ZIF y en toda la región andina por el cambio climático se
vuelve cada vez más urgente discutir y definir el estatus de los refugiados
ambientales y la adopción de este estatus en los países de América del Sur. Se
prevé un estudio con un enfoque holístico que investiga la incidencia que tiene
el extractivismo, los monocultivos y la minería artesanal, en la vulnerabilidad
frente al cambio climático y para la movilidad humana en la ZIF.
Se contempla aprovechar la
participación de un expert integrado de la cooperación alemana en el Centro
Ecuatoriano de Derecho Ambiental, para la realización de este studio.
R4.A4. Un foro debate sobre los resultados de la
investigación. (GIZ)
El foro
de debata con participación de personas de Ecuador y Colombia, con el fin de
presentar los hallazgos del estudio y de la posibilidad de incluir estos temas
en la agenda binacional y de la CAN.
R4.A5. Evento internacional sobre Movilidad Humana y
Comunicación.
Los medios de
comunicación masiva tienden a vincular a los migrantes y, especialmente a las
personas con necesidad de protección internacional, con acontecimientos
negativos, sea con pobreza, conflictos, delitos o actividades ilícitas. Esta
forma de abordar este tema fomenta el rechazo de la población y expresiones de
xenofobia, y dificulta los esfuerzos de la misma población en situación de
movilidaed humana de su integración en la sociedad de acogida.
Partiendo de este
problema y de las experiencias que se hará en este proyecto con la Red de
Reporteros por la PAZ en la zona de integración fronteriza, se organizará un
evento de carácter internacional, con el objetivo de fomentar un enfoque
distinto en los medios y un rol responsoable de los mismos.
Aparte de integrantes de la Red de Reporteros por
la Paz, participarán en este evento expositores de Colombia, Ecuador y Europa
(España, Alemania, entre otros), así como gremios de periodistas y dueños de
medios privados y públicos.
La metodología de implementación del presente proyecto
está basada en la expertise de la institución
solicitante (GIZ), tanto en Ecuador y Colombia como en otras partes del mundo, así
como en la experiencia de trabajo en los temas de movilidad humana de los
socios
Consultoría para los Derechos Humanos de los Desplazados (CODHES), Fundación “Esperanza” (FE) y Servicio Jesuita
a Refugiados y Migrantes (SJRM).
Esta sociedad permite profundizar la vinculación de las experiencias de
cada socio con redes existentes como
la Red Andina de Migraciones, la Red Internacional de Migración y Desarrollo,
la Coalición por la Migración y el Refugio del Ecuador[11], el Observatorio de Trata de Personas o el Observatorio y Grupo de
Investigación sobre Migración y Comunicación (Migracom), de Barcelona, España.
El proyecto se inscribe en el contexto de los procesos en marcha y busca fortalecerlos y potenciarlos a través
del aprovechamiento de las ventajas
comparativas de cada socio: la Fundación Esperanza sobre todo en la
temática de migración, trata y tráfico ilegal de migrantes; el SJRM en el
fomento de los derechos de personas con necesidad de protección internacional;
CODHES con análisis y promoción de debates públicos sobre la vigencia integral de los derechos
humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes; GIZ con
fortalecimiento de reformas democráticas de Estado y construcción y
consolidación de capacidades para escenarios favorables de inclusion y respeto
de derechos de la población. Todos los socios tienen trayectoria de trabajo
tanto en el Ecuador como en Colombia.
En base a la complementariedad de
experiencias de trabajo en las distintas temáticas de movilidad humana, en la
zona de integración fronteriza, de niveles (micro, meso y macro) de
intervención, junto con el grado de aceptación que los socios gozan tanto en
organizaciones de base como en autoridades públicas y eclesiásticas locales y
nacionales, aumentará el impacto de los resultados y objetivos planteados. La
forma de organización interna implica un proceso contínuo de aprendizaje mútuo y
construcción permanenete de acuerdos institucionales.
Concretamente, se plantea
fortalecer las acciones en los siguientes campos:
SJRM: Atención directa a la
población refugiada (juridical, psicológica, de emergencia y educativo),
escuela de ciudadanía y acompañar a por lo menos 30 organizaciones de base,
investigación (a partir de sus propias acciones), coordinación e incidencia
(incluye Conferencia Regional Humanitaria en 2013) y fortalecimiento de tejido
social binacional (Pato-Tulcán, Mocoa-Nueva Loja, Tumaco-San Lorenzo). La
población beneficiaria son sobre todo refugiados y solicitantes de refugio,
desplazados internos, población de acogida, migrantes, en las provincias de
Esmeraldas y Sucumbíos principalmente.
FE: Fortalecer el sistema SAMI
(Servicio Andino de Migraciones), atención directa integral de víctimas de
trata, consultorio jurídico y social, plataforma Infomigrante, proceso de fomento
de la interculturaliedad con jóvenes, capacitación en varios niveles,
investigación e incidencia política.
Codhes: Investigaciones
(caracterización de refugianos colombianos, etc.), incidencia institucional
(ley 1448[12], entre otros temas), Conferencia
Regional Humanitaria.
GIZ Ecuador: En la región
fronteriza con Colombia - Códigos de convivencia pacífica en colegios, red
reporteros de paz, transformación de conflictos y prevención de crisis con
equipos políticos territoriales en provincias de Frontera Norte del Ecuador y
con FFAA, sistema de seguridad ciudadana local, visibilidad en los medios y
comunicación sobre la región fronteriza, inclusión de personas víctimas de
violencia en procesos de generación de ingresos, fortalecimiento de procesos de
descentralización y capacidad de los gobiernos locales.
Alrededor de los temas
planteados, se ha creado una amplia gama
de relaciones institucionales: desde los gobiernos centrales de ambos
países (Ecuador: Secretaría Nacional de Migrante-SENAMI, Cancillería,
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobiernos Autónomos
Descentralizados –GAD, Defensoría de Pueblo, Secretaría Técnica de Plan
Ecuador, Ministerio de Justicia y DDHH, ACNUR, organismos de cooperación
internacional como AECID, Oxfam y Terres de Hommes, y una serie de ONGs
locales. Según tipo de actividad que se plantea en este proyecto, estos actores
serán aliados en los procesos.
La metodología del proyecto no se
limita a sumar las experiencias y fortalezas de cada socio, mas bien busca
orientar los aportes específicos de cada uno hacia objetivos y resultados comunes.
Eso se refleja en los puntos de partida del proyecto, de sus ámbitos de
trabajo, de su forma de relacionarse con los actores y de su organización
interna. Por esta razón, las acciones de todos los socios se inscriben en los
ámbitos de fortalecimiento de
capacidades, atención directa a la población beneficiaria, incidencia política,
investigación y comunicación.
En el centro de
las acciones que plantea el proyecto están los derechos de las personas que
se encuentran en movilidad humana, sean migrantes, refugiados o personas
víctimas de trata y tráfico ilegal de migrantes. Se entiende la movilidad
humana como expresión de la libertad de las personas, y la migración como una
forma de ejercer esta libertad.[13] En el debate
actual sobre migración y desarrollo, la
referencia a los derechos humanos es una parte integral, tal como se demostró
en el primer Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo[14] , siendo el derecho a
la no discriminación un criterio básico.
En la región andina, está en proceso la aprobación del “Plan Andino de Desarrollo Humano
de Migraciones” que parte del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares sea
cual fuere su origen, nacionalidad, condición administrativa migratoria; del ejercicio ciudadano de una libre movilidad
informada y segura que implica: a) El derecho de toda persona a permanecer y desarrollarse en su lugar
de origen; b) El derecho de toda persona a la libertad de circulación y residencia; c) El derecho de toda
persona al retorno y reintegración al
contexto socioeconómico de su país de origen, así como la garantía para las personas migrantes a
una ciudadanía plena, el
reconocimiento de los derechos de las personas
migrantes como parte sustancial de los procesos de integración económica y
social entre los países.[15]
En la región andina las decisiones
y los procesos políticos en torno a la migración ya no se concentran
exclusivamente a su dimension económica (envío de remesas y su relevancia para
el desarrollo) sino se enfocan integralmente e incluyen todas las formas de
movilidad humana.
Uno de los puntos centrales del
proyecto es su contribución a la implementación
de las Decisiones en materia de movilidad humana en Ecuador y Colombia de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, especialmente de las Decisiones 545 (libre circulación y permanencia de
migrantes laborales) y 583 (protección social de migrantes laborales) que corresponden
a los llamados “Instrumentos Sociolaborales de la Comunidad Andina” y
básicamente se refieren a los derechos de ciudadano andino de poder
establecerse con fines laborales bajo relación de dependencia en cualquier otro
país miembro de la CAN. A pesar que estas normas están en vigencia, para su
plena operatividad se requiere de la aprobación de las normas reglamentarias comunitarias
correspondientes. Situación similar ocurre con la Decisión 548 que básicamente
se refiere a la protección consular del ciudadano comunitario andino en
territorio de terceros países o bloque de países.
El proyecto reconoce
que existen avances importantes en la legislación andina y en las decisiones
políticas en la temática de movilidad humana, y enfoca el problema central hacia las condiciones en las cuales se desenvuelve la
migración y el refugio en la región, y la limitada capacidad de los Estados
de garantizar los derechos de las personas que viven en movilidad humana.
De allí se desprende la
metodología principal orientada al fortalecimiento
de capacidades en materia de migración y asilo, tanto de los Estados como
de las organizaciones de la sociedad civil y de grupos de base. Entendemos el
desarrollo de capacidades en distintas dimensiones: desarrollo de recursos
humanos, fomento de capacidad operativa de entidades u organizaciones
(desarrollo organizacional), cooperación entre organizaciones y desarrollo de
redes, así como el desarrollo de sistemas en el campo de política.
De esta forma, en el
conjunto de las acciones planificadas en este proyecto, se ha incluido grupos
de actores claves con metodologías diferenciadas en el desarrollo de capacidades.
A nivel de grupos sociales, el
enfoque es hacia el desarrollo de habilidades fomentando la capacidad
individual de aprendizaje, autoreflexión, discusión de valores democráticos y
aptitudes en competencias sociales como trabajar en equipos, dirección,
comunicación, estrategias de acción, entre otros.
A nivel de organizaciones civiles, el sector privado y
entidades públicas con el mandato de implementar las decisiones políticas
nacionales o regionales, la metodología del trabajo se enfoca hacia el aprendizaje
organizacional e incremento de la capacidad operativa y flexibilidad en la
implementación de las políticas, con el objetivo de gestionar cambios,
construir acuerdos sobre las formas y los procesos para la implementación de
los mandatos.
En relación a las redes existentes nacionales y locales relacionadas a la temática de movilidad
humana, se busca fortalecer las cooperaciones entre organizaciones y redes para
el intercambio de conocimientos, coordinación y cooperación, establecer nuevas
cooperaciones como con la Migracom de España, en razón de aprovechar ventajas
comparativas, enfoques complementarios y de ubicación. Especial énfasis se hace
en el fortalecimiento de redes locales binacionales en las distintas regiones
de la ZIF (Pacífico, Sierra y Amazonía).
Con actores políticos que participan en la
negociación de las reglas y condiciones de su implementación en todos los
niveles, se busca influir en el desarrollo de condiciones favorables para los
derechos de personas que viven en movilidad humana, en el marco jurídico
(protocolos y manuales para la implementación de decisiones políticas y
legales), en el marco político (voluntad política para la aplicación de las
normas y decisiones, y garantía de derechos políticos para la población meta
del proyecto) y en el marco socioeconómico (garantía de derechos sociales). El
asesoramiento y la incidencia que pretende realizar el proyecto sería alrededor
de fomentar una cultura de negociación, mediación en conflictos, prevención de
crisis (acción sin daño), mesas redondas y encuentros, fomento de la
participación de actores locales en decisiones nacionales, entre varias formas
de participación e incidencia.
El presente proyecto
contempla acciones en cada uno de los niveles mencionados partiendo de la
hipótesis de que el empoderamiento de la
población que vive en movilidad humana es el factor clave para lograr el
cumplimiento de sus derechos. Confianza en sí mismo y la capacidad de
formular sus intereses, con el propósito de conseguir un acceso equitativo a
los recursos (materiales, participación en decisiones, acceso a educación y
salud, al conocimiento y al derecho) es la meta en las diferentes jornadas de
capacitación y de encuentros/intercambios planteadas. Para poder ejercer sus
derechos, el acceso a la información es clave, por lo que se plantea una serie
de productos comunicacionales.
De esta forma, los beneficiarios del proyecto participarán
como destinatarios y participantes en los distintos procesos de información y
formación, como actores claves para formular y sistematizar sus demandas, como
participantes en foros y encuentros, y como voceros legítimos frente a las
autoridades en la ZIF. Esto implica, dar a la población que vive en situación
de movilidad humana en la ZIF, a las mujeres en alta situación de
vulnerabilidad y a las poblaciones locales un espacio real de participación en
la gestión del proyecto.
Procedimiento para el seguimiento, el monitoreo y
las evaluaciones internas y externas: existe un acuerdo entre los socios de formar un Comité Coordinador del proyecto. La GIZ
como solicitante del proyecto es el presidente de este Comité y en este
participan todos los socios. Se reunirá cada dos meses y tiene como función: análisis
permanente del entorno político-social del proyecto, aprobar los POAs con sus
respectivas evaluaciones internas, planificar acciones relevantes conjuntas
(p.e. actividades de incidencia o contenidos de campañas públicas), monitoreo
constante de la implementación del proyecto en base a un formulario común,
proponer adecuaciones del proyecto, definir mecanismos y acciones de gestión de
conocimiento, y acordar acciones de capacitación interna en y entre las
instituciones socias.
Al inicio de la
implementación del proyecto, se elaborará participativamente un Plan Operativo Anual (POA) del proyecto
que incluye la línea de base y las actividades de cada uno de los socios, con
sus respectivos indicadores y cronograma. El taller de planificación prepara la
GIZ y participarán todos los socios. Para el segundo y tercer año, la primera
parte de los talleres se dedican a la evaluación interna del grado de
cumplimiento de los POAs del año anterior.
Los responsables del
proyecto en cada institución socia, presentarán al Comité Coordinador un informe bimensual del avance de las
actividades y posibles hitos y/o dificultades en el proceso, para lo cual
existirá un formato común.
Al inicio del proyecto,
un grupo técnico de GIZ y los socios, prepará una herramienta para manejar la
información que genera el proyecto, tanto para el sistema de monitoreo
(información relevante en función de los indicadores del marco lógico) como en
relación al entorno y la temática del proyecto.
Los informes
bimensuales de monitoreo sirven como insumo para las evaluaciones internas anuales. Al final del proyecto, se prevé una evaluación externa.
Estructura y equipo para la implementación del
proyecto: en el Comité Coordinador se
tomarán las decisiones pertinentes para la buena marcha del proyecto y se
establecerán los contactos interinstitucionales necesarios para lograr un mayor
impacto. El proyecto contará con un Coordinador
General (100%) con la responsabilidad de la gestión global del proyecto, presidir
el Comité Coordinador, vocero oficial del proyecto, interlocutor con la UE,
preparar y supervisar los contratos de subsidios con los socios, coordinar la
asesoría especializada del proyecto, responsable para las acciones que
ejecutará la GIZ, preparar los informes para la UE y la GIZ. Un(a) Asesor(a) de Comunicación (100%):
responsable para la preparación de los productos y resultados comunicacionales
previstos en el proyecto, el fortalecimiento de la red binacional de reporteros
por la paz, la administración del módulo virtual de capacitación, sistema de
información del proyecto, página web del proyecto y el plan de visibilidad.
Un(a) Asesor(a) de Gestión (100%):
coordinar y preparar los informes de monitoreo, asistencia para la ejecución de
las acciones de la GIZ, monitorear los avances de los subsidios con los socios,
secretariado del Comité Coordinador, enlace técnico con los socios. Un(a) Asistente Administrativo-Financiero
(100%): Encargado de la administración del proyecto y manejo de los recursos.
Responsable de tener la información contable, administrativa y financiera al
día y de rendir cuentas sobre la utilización de los recursos. Se trabajará muy
estrechamente con la Agencia de la GIZ en el Ecuador.
Los socios (FE,
SJRM, CODHES) firmarán un contrato de subsidio con la GIZ, sobre la base de las
acciones identificadas en el plan de acción y el marco lógico bajo su
responsabilidad, siendo garante de su implementación técnica y financiera
frente a la GIZ; los detalles serán definidos en los respectivos contratos de
subsidio.
Principales medios propuestos para la implementación de la acción (equipos, materiales y aquileres):
La oficina del proyecto se instalará en la sede de la GIZ Ecuador o en la
oficina de uno de los socios. Los principales equipos y herramientas requeridos
son computadoras e impresoras, estaciones de trabajo, equipos de proyección
audiovisual y herramientas didácticas para talleres, internet, hosting,
software, un vehículo, material de visibilidad (plegables, folletos, etc.). Los
suministros e insumos de oficina serán financiados por el proyecto, así como
los gastos necesarios para talleres y eventos.
Plan de Visibilidad: En todas las acciones públicas, eventos, equipos y espacios publicitarios
como las páginas web de los socios y del proyecto, se presentará la información
sobre la subvención por parte de la Unión Europea, siguiendo las instrucciones del
Manual respectivo de la UE. Se desarrollará un logotipo propio del proyecto
identificando el apoyo de la UE. Especialmente, frente a los medios de
comunicación y a las autoridades locales y nacionales, se prestará atención a
hacer visible la cooperación de la UE.
Impacto esperado: Los impactos del proyecto se relacionan con los ámbitos de
trabajo (fortalecimiento de capacidades, atención directa a la población,
incidencia política, investigación y comunicación) y se miden como los efectos
a largo plazo sobre el acceso de la población en situación de movilidad humana a sus derechos, atribuido
a las intervenciones del presente proyecto. Según información de la Cancillería
ecuatoriana, en Ecuador viven actualmente 56.190 refugiados reconocidos, de los
cuales más del 95% son de nacionalidad colombiana. En promedio, cada mes hay
unas 1.200 nuevas solicitudes de refugio.[16] Según ACNUR, en el Ecuador hay
unas 135 mil personas de nacionalidad colombiana con necesidad de protección
internacional, de los cuales alrededor del 40% en las provincias de la Frontera
Norte. Entre la lista de los 10 departamentos colombianos de origen de la
población refugiada, se menciona Nariño y Putumayo, que forman parte de la ZIF.[17] En Nariño viven más de 21 mil
personas desplazadas y en Putumayo se registran 5.100.[18] Por su parte, se estima que en
la Frontera Norte del Ecuador, se encuentran alrededor de 4 mil mujeres
víctimas de trata con fines de explotación sexual[19]. Además, se calcula que hay
aprox. 450 mil personas colombianas en condición migratoria irregular en el
Ecuador.[20]
A nivel técnico, la acción aportará a aumentar los niveles de
conocimiento, habilidades y aptitudes sobre derechos de las personas en condición
de movilidad humana de todos los involucrados, es decir grupos de base de
refugiados y solicitantes de refugio, comunidades de acogida, personas víctimas
de trata y tráfico illegal, migrantes y personas en tránsito; así como los
equipos de trabajo de los socios, grupos de la sociedad civil y funcionarios
públicos, acerca de la atención a la regularización migratoria, atención para
deportaciones, atención a personas víctimas de la trata, entre otros. Se
estima, que durante el proyecto unas1.200 personas participarán en las
distintas jornadas de capacitación. A través de la creación de capacitación
virtual en la temática del proyecto. Además, en transformación de conflictos y
prevención de crisis, se han aumentado considerablemente los niveles de
conocimiento.
A nivel economico, sobre todo a través del eje de sensibilización,
capacitación y encuentros entre autoridades locales, grupos de la población
meta y autoridades, se busca contribuir de que las necesidades específicas de
las comunidades de acogida de personas en condición de movilidad humana sean
incluidas en los planes de desarrollo local, en por lo menos 8 de los 16
municipios de la zona fronteriza del Ecuador.
A nivel social, las organizaciones de base involucradas en el
proyecto (por lo menos 30), las redes relacionadas con la temática (por lo
menos 5) y los espacios de concertación creados en las tres provincias de la
Frontera Norte del Ecuador, contribuirán al acceso de la población meta a sus
derechos sociales. A través del trabajo con los grupos y entidades públicas
locales, con periodistas y medios, la elaboración de diversos productos
comunicacionales y la organización de encuentros, se influirá en crear un
ambiente de mayor comprensión de la característica del conflicto cololmbiano y
de la situación de las personas víctimas de este.
A nivel politico: Uno de los impactos más relevantes sera la
inclusion de los temas del proyecto, las demandas de la población y las
propuestas a ser trabajadas a través de investigaciones (y la concertación de
sus resultados con los distintos actores) en la Comisión de Vecindad entre
Ecuador y Colombia. Especialmente la implementación de las Decisiones 545 y
548, a través de la aprobación de los protocolos correspondientes y, sobre
todo, la veeduría de su aplicación real, serán hitos del proyecto.
Canales de divulgación y efecto multiplicador: Los canales previstos son: los
medios impresos, audivisuales y electrónicos con las publicaciones de las
investigaciones, memorias de encuentros, informes de consultorías, afiches y
folletos. Se contará con una página web del proyecto incluido en las paginas de
los socios y de www.informigrante.org, esta última será fortalecida. Todos los socios
contribuirán a la divulgación del proyecto. Los efectos multiplicadores se concentra
en los líderes sociales, funcionarios públicos y miembros de las redes quienes
podrán, después de las capacitaciones recibidas, replicarlas en sus espacios.
Los avances en materia de las decisions de la CAN, en la protección de personas
en situación de refugio y de personas victimas de trata y tráfico illegal de
migrantes, serán conocidos por los miembros de los foros regionales (CAN y
Conferencia Sudamericana de Migraciones) y, de esta forma, incentivarán a los
demás países para iniciar procesos similares.
Riesgos más relevantes y medidas de mitigación previstas:
R1: Entorno
favorable y propuestas para implementar las recomendaciones regionales (en
especial la sudamericana) en protección de migrantes en la zona de integración
fronteriza(ZIF) de Colombia y Ecuador. Medidas
principales: Foros, encuentros, conversatorios, programa de juventud,
atención directa a la población, sistema binacional de atención al migrante,
fortalecer organizaciones de base, red de periodistas por la paz, campañas
comunicacionales. Riesgo: a) politico: La coyuntura electoral en
Ecuador (febr. 2013) puede politizar la protección humanitarian y la política
migratoria. Nivel de riesgo: 3/10, derechos constitucionales, decisions
regionales y política del actual gobierno favorecen temas del proyecto. Existe
sistematización de buenas prácticas regionales al respect0. b) seguridad: Aumento de inseguridad en la
ZIF hacen prevalecer intereses de seguridad a costo de los DDHH. Nivel de
riesgo: 4/10, experiencias previas de trabajo en temas de DDHH con ministerios
y FFAA.
R2: Capacidades de las autoridades fortalecidas para garantizar
los derechos de refugiados y solicitantes de asilo en la región fronteriza
entre Ecuador y Colombia. Medidas
principales: Capacitación, encuentros binacionales, fortalecer redes
locales binacionales, crear espacio de negociación de medidas concretas que
afectan los derechos, comunicación. Riesgo:
a) percepción: autoridades locales
tienen visión de Colombia como país en post-conflicto. Nivel de riesgo: 3/10. Trabajar
sobre la base de experiencias concretas de las personas afectadas permite
visibilizar el lado humanitario del conflicto. b) actitudes: autoridades locales no les interesa el tema de refugio o
tienen actitud en contra. Nivel de riesgo: 5/10. En alianzas con otros actores
(ACNUR, OIM, autoridades nacionales, medios de comunicación) se puede
neutralizar estas actitudes adversas.
R3: Acciones conjuntas entre autoridades colombianas y
ecuatorianas para luchar contra la trata y tráfico de personas con fines de
explotación sexual y laboral, en coordinación con la sociedad civil. Medidas principales: Talleres,
encuentros, conversatorios binacionales entre autoridades locales y nacionales
y organizaciones de la sociedad civil; control social, fortalecer el sistema de
atención al migrante, asistencia técnica a la Unidad Antitrata del Ministerio
del Interior del Ecuador. Riesgo: a)
voluntad: tema de trata y tráfico es
altamente vinculado con redes ilegales. Nivel de riesgo: 5/10. Tema está en la
agenda de la Comisión de Vecindad, Ministerio del Interior (Subsecretaría de
Garantías Constitucionales) tiene mandato de implementar el Plan nacional
contra la Trata, Tráfico ilegal y Explotación de Personas; existe un grupo
interministerial con participación de actores civiles. B) desconfianza: población víctima desconfía de instituciones y
resiste en participar. Nivel de riesgo: 2/10. Experiencia previa de los socios
ha creado niveles de confianza.
R4: Acciones en torno a las consecuencias del cambio climático
para la migración, la reintegración de deportados y la garantía de los derechos
de los migrantes sur-sur han sido incorporadas en la agenda de las autoridades
andinas. Medidas principales: apoyo
para la Conferencia Regional Humanitaria en 2013, investigación sobre economía
extractivista-cambio climático-movilidad humana, foros de debate sobre este
tema, encuentro Ecuador-Colombia-Europa sobre comunicación y movilidad humana. Riesgo: a) voluntad: autoridades son desinteresados en incluir estos temas en
su agenda. Nivel de riesgo: 3/10. Estos temas han sido abordados en alguna
manera en la última Conferencia Sudamericana de Migraciones. Hay que buscar
alianzas estratégicas, como con el Ministerio de Ambiente del Ecuador. b)
demasiado ambicioso: las metas de
este resultado sobrepasan las capacidades financieras del proyecto. Nivel de
riesgo: 4/10. Hay que buscar cofinanciamiento para: la investigación planteada
y para el encuentro con Europa.
Supuestos durante la implementación del proyecto: El principal supuesto en este
proyecto es la voluntad y la capacidad de las autoridades de Ecuador y Colombia
para avanzar en la implementación de acuerdos de la CAN (especialmente de la
Decisión 545 y 548), de lo estipulado en el Derecho Humanitario Internacional y
la Constitución Política en relación a personas en movilidad humana,
especialmente a refugiados y solicitantes de refugio. Se supone que el flujos
de solicitantes de refugia de Colombia al Ecuador se mantiene en los niveles
actuales, la migración colombiana-ecuatoriana sigue y las redes ilegales de
trata buscan aprovechar la vulnerabilidad de las personas afectadas. Existen funcionarios
con el mandato y la voluntad política para apoyar estos procesos acordes con
los intereses de los afectados y el marco legal nacional e internacional
establecido. En la Región
hay expertos en cabildeo, conocedores de las ventajas y desventajas existentes
al interior de los órganos legislativos de cada uno de los países, en
partícular, y de la CAN a nivel regional, en los procesos de impulso de normas. Existen iniciativas de cabildeo
ante la CAN sobre asuntos migratorios impulsadas desde organizaciones de la
sociedad civil. Para la
“Infomigrante”, la
población tiene acceso a internet ó, en su defecto, a una línea telefónica para
acceder al servicio. Existen organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que han manifestado voluntad de poner, en sus páginas web,
enlaces que lleven a los potenciales usuarios al consultorio jurídico y social
virtual. Apertura de los dueños de medios de comunicación para publicar
productos de los periodistas que forman parte de la red de periodistas por la
paz. Conitúa la disposición de la Universidad Católica de Ibarra de seguir
liderando esta Red.
Supuestos para después de haber implementado el proyecto: Las autoridades de Colombia y
Ecuador dan impulso a la aplicación de los protocolos en materia migratoria, en
el mismo espíritu de las decisiones tomadas por la CAN y las recomendaciones
formuladas de la Conferencia Sudamericana de Migraciones. La Comisión de Vecindad
acuerda un Plan Binacional de Desarrollo que busca integrar los derechos de las
personas en movilidad humana. Se formalizan la participación de gobiernos
locales y de organizaciones civiles en esta Comisión. Las autoridades
encargadas de garantizar los derechos de las personas en movilidad humana están
coscientes de su responsabilidad y actúan con espíritu humanitario. Los
ciudadanos andinos, especialmente en la ZIF entre Ecuador y Colombia, no solo
conocen mejor sus derechos y las formas cómo reclamarlos, sino también están
concientes de los riesgos de la migración y de sus responsabilidades en
sociedades de origen y destino. Los medios de comunicación fomentan la
convivencia pacífica en la ZIF.
Sostenibilidad del proyecto: La principal estrategia de
sostenibilidad del proyecto se base en el fortalecimiento de capacidades y de
conocimientos, en los niveles individual, social, de redes y de políticas.
Para la sostenibilidad financiera del proyecto, se busca fortalecer a las
organizaciones de base, a los aliados y a entidades públicas en su capacidad de
gestionar procesos de seguimiento. En cada eje temático del proyecto (migración
laboral, trata y tráfico ilegal de migrantes, refugio, incidencia), se
intensificarán las alianzas ya existentes, con el fin de sostener los procesos
a largo plazo. La sostenibilidad financiera de la garantía de los derechos de
la población en condición de movilidad humana, también será uno de los
elementos a considerar en la Conferencia Regional Humanitaria a realizarse en
2013, considerando que existe un compromiso de la comunidad internacional de
apoyar la implementación de acuerdos regionales.[21]
La sostenibilidad institucional del proyecto se garantizará a través
del enfoque de apoyar la implementación de decisiones políticas tomadas (a
nivel regional y nacional), la voluntad y capacidad de las institucionales
públicas de implementar estas decisiones y de coordinar acciones con
organizaciones de la sociedad civil quienes, a su vez, tendrán mayor capacidad
para incidir en las autoridades nacionales y locales. Específicamente, se
espera llegar a una serie de acuerdos concretos que tienden a garantizar los
derechos de la población en condición de movilidad humana, basándose en las
garantías constitucionales y legales existentes en el Ecuador y Colombia.
Para la sostenibilidad política del proyecto, las diferentes acciones
propuestas que incluyen investigaciones, capacitaciones, fortalecimiento de
habilidades y actitudes de funcionarios, encuentros binacionales, incremento de
impactos de redes e incidencia, deberán influir de manera certera en las
autoridades de los dos países para atiendan y cumplan con los estándares
internacionales que existen en el tema de movilidad humana, apliquen las normas
de la CAN y mejoren sus legislaciones nacionales. Especialmente en la
colombiana refugiada en Ecuador, el proyecto debe incidir en la mejora de la
garantía de sus derechos y su inclusion, junto con las poblaciones receptoras,
en las dinámicas de desarrollo, especialmente en la ZIF.
[1] Las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF)
son los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de los países miembros de
la Comunidad Andina, están reguladas por la Decisión 501 de la CAN, aprobada en
junio del 2001 por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Entre sus objetivos buscan establecer mecanismos eficaces para crear y manejar
conjuntamente los mercados fronterizos de trabajo y para administrar los flujos
migratorios, bilaterales e internacionales, que se desarrollen en las ZIF.
[2] Javier Arcentales Illescas: Políticas migratorias y violaciones a los derechos humanos de las personas
inmigrantes en el Ecuador. En: Develando el Desencanto. Informe sobre derechos
humanos Ecuador 2010. Programa
Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador. Marzo 2010.
[3] Por obvias razones,
es una tarea complicada el determinar la cifra de personas que se encuentran en
situación migratoria irregular en el Ecuador, más aún cuando los registros
migratorios que maneja el Estado ecuatoriano a través de la Policía de
Migración y el Instituto Nacional del Estadísticas y Censos no son certeros, a
causa de los parámetros que se utilizan para el registro y la existencia de
pasos no controlados por los que ingresan y salen personas del territorio
nacional.
[4] Naciones Unidas.
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares. Comité de Protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 13° período de
sesiones, 22 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.
[5] Ver Coalición por
las migraciones y el refugio, Informe de verificación sobre las condiciones
de detención de personas privadas de la libertad en el marco de operativos de
identificación de irregulares, en la ciudad de Quito, Quito, DPE / CMR /
INREDH y SJRM, 2010.
[6] Los ataques a la población
civil, la disputa de territorios entre actores armados, el control estructural
que algunos grupos armados tienen en territorios determinados y las
fumigaciones, entre otras dinámicas que rompen con las estructuras sociales
(tales como economías extractivas no tradicionales y megaproyectos).
[7] Se entiende por GPD, los grupos
paramilitares surgidos después de la “desmovilización” de las AUC, conformados
por estructuras que nunca se desmovilizaron, estructuras y combatientes que se
desmovilizaron y retornaron a las armas y por nuevos combatientes.
[8] Boletin CODHES INFORMA, No. 79, marzo 2012: Desplazamiento creciente y crisis humanitaria
invisibilizada.
[9] 1Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, Nueva York,
2004.
[11] http://movilidadhumana.wordpress.com/, En el año 2007 la Coalición por las
Migraciones y el Refugio realizó el primer informe sombra sobre el cumplimiento
del Estado ecuatoriano de la “Convención de los derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y sus Familiares” en base al cual, el Comité de
Naciones Unidas emitió recomendaciones importantes para la implementación de la
mencionada Convención en el Ecuador. La Coalición está conformada por Catholic
Relief Service – CRS, Fundación Esperanza, Pastoral de Movilidad Humana de la
Conferencia Episcopal del Ecuador, Programa Andino de Derechos Humanos de la
Universidad Andina Simón Bolívar – PADH y Tierra de Hombres.
[12] El 10 de junio de 2011 fue aprobada la ley
1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para Colombia, y entró en
vigencia el 1 de enero de 2012. Su finalidad es buscar la reparación de todo
tipo de víctimas del conflicto desde 1985 y restituir las tierras despojadas a la población por
cualquiera de los grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitares,
narcotráfico) por hechos ocurridos a partir de 1991.
[13] Esta concepto se ha desarrollado en: UNDP (2009): Overcoming barriers:
Human mobility and development. Human Development Report. New York, UNDP.
[14] GFMD (2007): Report of the first meeting of
the Global Forum on Migration and Development, Brussels, Belgium. http://www.gfmd.org/en/gfmd-documents-library/brusselsgfmd-2007/cat_view/934-brussels-gfmd-2007/983-report-of-the-proceedings.html.
[15] Vea:
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0045.pdf
[16]
http://www.mmrree.gob.ec/refugiados/imagenes/total_ref.gif
[18] CODHES (2010): ¿Consolidación de
qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanitarios.
Vea también: CODHES (2012): Ecuador y Colombia: territorios de frontera más
allá de las cifras.
[19] FOSIN (2012): La trata ante el
espejo. Una aproximación a la explotación sexual en trabajo esclavo.
[21] La Declaración y el Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección
Internacional de los Refugiados en América Latina, adoptados por 20
gobiernos en 2004, constituyen el marco regional para brindar protección a las
personas víctimas del desplazamiento forzado. Mediante la adopción del Plan de
Acción, los gobiernos de América Latina se han comprometido para fortalecer la
protección internacional para los refugiados y utilizar un enfoque integral
para alcanzar soluciones duraderas, junto con ACNUR, el Consejo Noruego para
Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
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